FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 24 abril 2024.

CCOO denuncia la sobrecarga de trabajo en la prisión de Juan Grande y demanda 99 nuevos efectivos

    La grave falta de personal impide garantizar la seguridad del establecimiento así como la integridad física del propio personal penitenciario y de la población reclusa, poniendo en grave riesgo la salud de la plantilla. Es urgente dotar a este centro, como mínimo, de 99 trabajadores penitenciarios más.

    15/04/2019.
    Centro Penitenciario Juan Grande -Las Palmas II ( Canarias)

    Centro Penitenciario Juan Grande -Las Palmas II ( Canarias)

    La prisión de las Palmas II se abrió parcialmente en el año 2011 con 250 trabajadores penitenciarios. Actualmente la plantilla de esta prisión la conforman 320 efectivos. El número de personas internas se ha duplicado hasta 816, de las cuales 116 son mujeres, a lo que hay que sumar el cumplimiento de los más de 3.200 mandamientos anuales de penas y medidas alternativas a la prisión, sin que se haya actualizado su Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

    La plantilla es, claramente, insuficiente para afrontar el aumento de la carga de trabajo, tanto de la población reclusa cumpliendo pena de prisión como de condenados a medidas alternativas a la prisión. En el interior del centro, faltan facultativos, personal de enfermería, auxiliares de enfermería, trabajadoras social, personal de vigilancia, de oficinas, funcionarios de la Entidad Estatal Trabajo penitenciario,etc. El sindicato cifra la necesidad de personal en 99 nuevos efectivos más, además de cubrirse las 55 vacantes.

    Una parte del trabajo estructural está siendo asumido por personal de práticas, sin que se les asigne un tutor y a los que se les obliga a desempeñar puestos de trabajo vacantes sin la formación necesaria. Igualmente, al personal de prácticas se le obliga a realizar funciones superiores sin ninguna supervisión del personal funcionario de carrera, de puestos que no se cubren en los concursos, como los de Gestor de formación e inserción laboral, de producción y Gestor Económico-Administrativo, que conllevan una responsabilidad y para los que se exige una titulación universitaria por pertenecer a un grupo superior A2.

    Esta práctica es común en todas las prisiones del archipiélago canario y en este sentido, CCOO solicita que se les abone las diferencias retributivas por estar desempeñando, realmente, una plaza estructural y denunciamos el incumplimiento, sistemático, por parte del Ministerio del Interior, del carácter formativo que tienen que tener las prácticas en los centros penitenciarios.

    Asimismo, los puestos de promoción interna que no se cubran en los concursos de traslados deben sacarse a oferta de empleo público.

    Además la falta de técnicos en la prisión de Juan Grande es insostenible. Tan sólo 2 juristas y 2 psicólogas, una de ellas en prácticas, para atender a 816 personas internas.

    Sin lugar a dudas, el déficit de personal está generando una sobrecarga de trabajo inaceptable y un estrés laboral innecesario, que pone en grave riesgo la salud de estas profesionales, incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales.

    Otra de las consecuencias graves de esta falta de personal sanitario, técnicos, educadores, trabajadores sociales y de personal de vigilancia en Juan Grande, es que no pueden ponerse en marcha el Programa de Atención Integral a internos con enfermedad mental en los centros penitenciarios (PAIEM), que detecta los casos y hace un primer diagnóstico, ni el programa específico para internos conflictivos o peligrosos.

    Tenemos que tener en cuenta que las prisiones del archipiélago carecen de psiquiatras y que tampoco existen unidades psiquiátricas penitenciarias, que garanticen el tratamiento sanitario de las patologías mentales y la separación del resto de la población reclusa.

    Actualmente, la prisión de Juan Grande es la que tiene un mayor número de internos peligrosos o inadaptados al régimen normal de convivencia, con 2 módulos residenciales de internos conflictivos, que no reciben ningún tratamiento penitenciario por esa falta de personal, y que cumplen condena en el régimen cerrado, el más restrictivo que tenemos y que implica 21 horas de encierro en celdas.

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