FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 18 abril 2024.

La última humillación de Interior, “criminalizar a todo el colectivo penitenciario”

    CCOO considera la Orden de Servicio relativa al deber legal parte de lesiones, dictada por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, a los Directores de los Centros Penitenciarios, bajo pretexto de cumplir indicaciones del “Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura”, como la mayor agresión a la dignidad y profesionalidad de todo un colectivo.

    03/07/2019.
    Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura

    Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura

    La redacción de las instrucciones citadas pervierte el principio de presunción de inocencia y revierte la carga de la prueba ante una acusación de malos tratos por parte de un interno a cualquier funcionario, debiendo éste último demostrar la falsedad de la acusación, y no como corresponde en derecho, que ésta sea demostrada por quien acusa.

    Existe, de facto, una delegación de competencias de la actividad probatoria del Estado atribuyendo una presunción de veracidad al interno denunciante, presunción de la que en principio sólo disfrutan las personas dotadas de autoridad pública. Mientras, sistemáticamente, se niega al personal penitenciario lo que inevitablemente cuestionará el ordenamiento regimental de los Centros Penitenciarios. Tampoco podemos obviar que ningún ciudadano libre goza de tal privilegio en sus relaciones con las demás Administraciones Públicas.

    Por otra parte, LA CRIMINALIZACION DE TODO UN COLECTIVO PROFESIONAL, bajo la sospecha no ya de tortura sino malos tratos, demuestra no sólo la especial animadversión hacia éste colectivo sino una absoluta ignorancia sobre su compromiso profesional y democrático con el respeto a los derechos humanos.

    CCOO quiere recordar que, durante los muchos a ños de terrorismo en éste país, con secuestros y muertes por atentados de los que también fuimos su objetivo, los presos terroristas tuvieron pleno ejercicio de todos los derechos legales que tenían reconocidos, sin la más mínima condena contra el personal penitenciario, y cumplimos la Ley las 24 horas de cada día para garantizar esos derechos.

    Insinuar o poner como sospecha la existencia de torturas o malos tratos en las prisiones de España no se corresponde con ningún hecho objetivo, como queda demostrado en el propio informe del Defensor del Pueblo en su anexo IV, que se utiliza como coartada para ésta actuación cuando se manifiesta expresamente que no se ha producido NINGUNA CONDENA POR TORTURAS, NI HAY CONDENAS POR MALOS TRATOS en dicho informe.

    CCOO exige un riguroso respeto y cumplimiento de la legalidad vigente, con mucha más razón en el caso de la Institución que ejecuta la privación de la libertad en nombre del Estado, que tiene que dar ejemplo del respeto a la legalidad respeto de los derechos humanos y seguimiento de las recomendaciones internacionales penitenciarias.

    Estos principios esenciales deben estar garantizados, en el devenir diario de los Centros Penitenciarios, ante cualquier desviación personal en el ejercicio profesional, y deben ser los Tribunales de Justicia quienes acaben depurando las responsabilidades aplicando con firmeza todo el peso de la Ley cuando se trate de un funcionario público.

    CCOO tiene claro que no puede consentirse la menor duda de malos tratos, y menos de torturas en los Establecimientos Penitenciarios, y para ello siempre ha exigido a la Secretaria General de IIPP, con escaso éxito, la necesidad de mayor transparencia en las prisiones, más formación, más personal, mejores recursos para que la custodia se realice con todas las garantías legales, y para que la reinserción pase de ser una estadística a un hecho objetivo, como mandata la Constitución.

    No podemos comprender la naturaleza de ésta decisión de criminalizarnos a todos. Sólo puede dársele una verosimilitud en el contexto del conflicto laboral que el Ministerio del Interior tiene contra su personal penitenciario, y que ante la incapacidad para gestionarlo y dar respuestas creíbles se lanzan provocaciones como la de poner a todo el personal penitenciario ante la sociedad como profesionales irrespetuosos con la ley, obviando que a diario salvamos vidas, jugándonos la nuestra, sin el menor respeto ni apoyo de nuestros gestores penitenciarios.

    CCOO tiene claro que SIN EL PERSONAL PENITENCIARIO NO HAY REINSERCIÓN en éste país, y que atacarlo tan irresponsable y gratuitamente, como se hace en ésta Orden de Servicios, sólo puede entenderse como un empecinamiento en degradar el servicio público de prisiones para hacerlo más fácilmente privatizable.

    En CCOO tenemos aún la esperanza de que todavía exista la posibilidad de encontrar un poco de cordura y se arbitren mejores medidas para garantizar el respeto a la Ley, sin faltar el respeto a la profesionalidad y dignidad de todo el colectivo penitenciario.

    Es por ello, que SOLICITAMOS la retirada de la infame Orden de Servicios, con fecha 1 de julio de 2019, relativa al deber legal del parte de lesiones.

    Documentación asociada

    Orden de Servicio de la SGIP

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    Documentación asociada

    Orden de Servicio de la SGIP