Nota de CCOO informando del Grupo Técnico de Responsabilidad Social

El pasado 23 de octubre tuvo lugar la segunda y última reunión anual del Grupo Técnico de Responsabilidad Social en el Ministerio de Economía y Empresa, y de la que podemos concluir que los progresos en esta materia siguen siendo de muy reducidos alcances y nulas expectativas futuras, principalmente porque la Administración se empecina en vaciarla de contenido, limitándose a cumplir meramente con el trámite de efectuar las convocatorias acordadas mientras bloquea cualquier iniciativa, primero de todo, con la deficitaria información que nos aporta.

Independientemente de esto, la necesidad de que este Grupo Técnico funcione apropiadamente nos avala para exigir la aportación de los datos relativos a los 3 ejes vertebradores de la Responsabilidad Social en SS.CC, ICAC, D.G. Seguros, INE, JP Telecomunicaciones, Tesoro:

1. Medio Ambiente, en el que se recogen criterios sobre el consumo de agua, papel y otras materias primas, el reciclaje y la eficiencia energética, las emisiones y vertidos, la movilidad o el transporte.
2. Derechos y Políticas Laborales, que abarca variables como los medios y organización del trabajo, la acción social, la evaluación del desempeño, la conciliación o la seguridad e higiene en el trabajo.
3. Buen gobierno, en la que se hace un seguimiento a la política de comunicación interna y externa, los códigos de conducta, la transparencia o la contratación pública.

Llevamos esperando recibir información desde que la solicitamos el mes de julio. Llegado el mes de octubre, y con la convocatoria de la segunda reunión en ciernes, nos hemos visto en la obligación de requerir nuevamente esos datos, solicitando además su remisión con suficiente anterioridad a la reunión para poderlos estudiar y analizar con margen para presentar nuestras propias conclusiones y propuestas en este Grupo Técnico. La Administración se niega a aportarnos un informe de conclusiones sobre los resultados del Departamento, alegando que es una petición innecesaria porque FP ya hace un informe anual para toda la AGE. Sin embargo, lo que precisamos aquí para poder trabajar no son tanto los datos de la AGE, sino del propio Departamento. La realidad que subyace, y que aquí se puso de manifiesto, es que la representación del Ministerio no está por la labor de hacer informes, ni de ésta ni de ninguna otra materia. Pero llegar con las manos vacías a estas reuniones no es sinónimo de responsabilidad.

Ya sí con documentación sobre la mesa, desde CCOO exponemos la situación en la que trabaja personal empleado por empresas contratadas por el INE para la realización de determinadas encuestas. Nos consta que se han venido produciendo situaciones irregulares que vulneran los derechos de esos/as trabajadores/as y precarizan sus condiciones laborales, y que estas circunstancias ya han sido puestas en conocimiento de la Inspección de Trabajo en al menos un caso reciente. Por parte de CC.OO también hemos denunciado estos hechos en cuanto tuvimos conocimiento de ellos ante el Subdirector General de Recogida de Datos, quien, a su vez, contactó con la empresa externa en cuestión para reconducir la situación. Aunque sabemos que no es el único caso, las denuncias en cualquiera de sus formas suelen ser una excepción por el temor de los/as trabajadores/as a la pérdida del puesto de trabajo. Hablamos de empleados/as trabajando sin contrato y sin alta en la Seguridad Social, con la desprotección y los riesgos para el reconocimiento de sus derechos que ello conlleva, trabajando por unidad de obra (encuestas realizadas).

Recordamos a la Administración que CCOO es contrario a toda forma de externalización. La venta del trabajo encomendado al INE en aras del beneficio de entidades privadas supone el derroche de recursos económicos públicos que, además, compromete tanto las condiciones de los/as empleados/as de esas empresas como la calidad de nuestra producción estadística, perjudicando seriamente la imagen y el objetivo de “servicio público” que el INE tiene atribuido. Pero toda vez que las externalizaciones se llevan a cabo hemos de exigir al INE que controle las clausulas sociales de las empresas contratadas. La Administración no puede ser cómplice ni partícipe de la precarización laboral, una precarización, además, subvencionada con fondos públicos. En el momento en el que se detecte el incumplimiento de estas cláusulas sociales el INE debe proceder a revisar esos contratos, a establecer las medidas sancionadoras a la que puedan dar lugar tales incumplimientos, y a considerar, en última instancia, la revocación de los mismos. La contratación de empresas que operan de un modo tan censurable es un ejemplo claro de mala praxis en responsabilidad social

Otro de los asuntos que centra nuestra atención en este Grupo Técnico es el probable traslado del personal de los SSCC del INE, actualmente en Pº de la Castellana 183, a uno situado en la Avenida de Manoteras. Tal hecho nos impulsa a solicitar nuevamente en este Grupo Técnico la negociación de un Plan de Movilidad, tantas veces rechazado por el Ministerio en general, y por el INE en particular. Los argumentos que fundamentan la necesidad de este Plan son cada vez más sólidos, debido precisamente a ese traslado, ya que va a provocar una modificación de las condiciones de movilidad de unas 800 personas, de sus condiciones de trabajo, pero también de sus condiciones de conciliación. La existencia de una estación de RENFE o de Metro en las proximidades de la posible nueva ubicación no es garantía por sí sola de una movilidad sostenible en el sentido más amplio de la palabra, como quiere hacernos ver la representante de la Secretaria General (SG) del INE en esta reunión. Es imprescindible hacer una valoración del impacto que esta modificación va a suponer en las condiciones del personal afectado, que no se supera porque haya una estación de Renfe en las cercanías. Pero elaborar un Plan, al igual que elaborar informes, supone voluntad y trabajo, y ni de una ni de la otra parece haber predisposición por parte de la Administración. Por supuesto, este Plan no podría comenzar a prepararse hasta que el contrato de alquiler con el edificio elegido sea una realidad, pero en cualquier caso tendría que diseñarse antes de que el traslado se produzca. Está en manos del INE demostrar qué concepto de Responsabilidad Social es el que conforma su filosofía institucional, y qué grado de seriedad y preocupación tiene hacia la situación de su personal, aunque la respuesta de la SG nos hace entender que la empatía brilla por su ausencia.

Por otra parte, desde CCOO realizamos un nuevo llamamiento a mejorar cuantitativa y cualitativamente la comunicación interna desplegada por la SG del INE respecto a este asunto. Reiteramos en esta reunión el malestar (que ya le pusimos de manifiesto por escrito) por la falta de información a esta organización sindical de las decisiones que se van adoptando respecto al traslado del edificio, y de las que hemos tenido que ir siendo conocedores en primera instancia a través de la prensa o de la propia plantilla, informada a su vez, en grado y forma distinto, por algunos Subdirectores Generales tras las últimas reuniones del Consejo de Dirección. Las interpretaciones y variaciones que se han ido difundiendo de la situación del edificio y de su traslado ante la falta de información de SG han sido tan variadas como confusas, agravándose con ello el sentimiento de incertidumbre y preocupación del personal afectado, lo que a su vez está teniendo inexorablemente repercusión en el clima laboral y, por tanto, en la productividad.

En cuanto a su anverso, la comunicación externa, desde CCOO valoramos positivamente las herramientas (twitter, página web, Instagram…) que el INE ha implementado para dar a conocer su actividad y facilitar el acceso a la información que produce a instituciones empresariales, sociales y políticas de toda índole. Sin embargo, esta estrategia de comunicación externa precisa también de la implementación de mecanismos dirigidos a difundir nuestra función a la ciudadanía y de explicar la importancia de su colaboración con el Organismo cuando así sea requerida a través de los/as encuestadores que conforman la plantilla. Existe un gran desconocimiento en la sociedad de cuál es el fin del INE, lo que se traduce en y falta de colaboración en la aportación de los datos que precisamos para la elaboración de las estadísticas en un porcentaje que podría ser minimizado con una campaña de difusión apropiada. Presentamos a la Administración un ejemplo de ello (que no el único que existe) en forma de artículo de opinión publicado el pasado 29 de septiembre en el periódico de tirada nacional “ABC”, con el título “Mi gran amigo el INE”, y en el que se da una imagen distorsionada y negativa, alejada de la realidad, del trabajo de su personal encuestador. Una opinión que, sin duda, está basada en la más pura ignorancia de la actividad de este Organismo, y que merece una reacción por parte de sus responsables para reivindicar la labor que desempeña como servicio público en general, y la del personal encuestador en particular, que, a fin de cuentas, es la imagen del INE frente a la ciudadanía.