CCOO propone que el Sector Público de la Investigación refuerce la realización de test

    El sindicato recuerda la necesidad de impulsar los servicios públicos para garantizar la protección de la salud, especialmente en esta fase de desescalada y reincorporación al trabajo presencial.

    07/05/2020.
    La sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid

    La sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid

    Comisiones Obreras plantea la realización de test de detección de la COVID-19 a través del Sector Público de la Investigación -Organismos Públicos de Investigación (OPI), Universidades y Centros de Investigación Autonómicos-, como elemento esencial de control de la pandemia en este escenario de transición. Todos los organismos del sector deben implicarse de forma previa a la vuelta al trabajo presencial, ya que cuentan con equipamiento tecnológico y profesionales públicos con sobrada capacidad.

    “En esta situación, los test conocidos como PCR, tienen una relevancia central”, recuerda José Manuel Vera, secretario general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO. “La Organización Mundial de la Salud recomienda la realización de test masivos a la ciudadanía como medida para contener la expansión del SARS-CoV-2 y evitar contagios por personas asintomáticas. Es fundamental que volvamos al trabajo presencial sabiendo que quien lo hace no es portador del virus, y que no vamos a infectar ni a infectarnos”.

    El sindicato apunta a la necesidad de apoyar al sistema sanitario público, aumentando su capacidad para realizar test, de manera que pueda llegar a amplias capas de la población. “Hoy se prioriza al personal sanitario y a las residencias de mayores por ser los sectores más expuestos, pero debemos extender estas pruebas a toda la ciudadanía, y en especial a las trabajadoras y los trabajadores”, inciden Alicia Durán y Fuencisla Matesanz, investigadoras del CSIC y delegadas de CCOO. “A pesar de los recortes y la precariedad de las plantillas en I+D+i, los Centros Públicos de Investigación han puesto sus instalaciones y profesionales al servicio de los sistemas sanitarios autonómicos para la realización de test PCR, que son los más sensibles”.

    Matesanz recuerda que se está trabajando en esta línea. “Por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha creado protocolos de validación para garantizar que los test cumplan los requisitos de bioseguridad y fiabilidad, y el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, centro mixto CSIC-UAM, ha recibido una donación de dos robots de alto rendimiento para el diagnóstico molecular del SARS-CoV-2, capaces de realizar cientos de test al día. Aunque algunas instalaciones tendrían que adecuar sus sistemas bioseguridad, otras, como el Centro de Biología Molecular y el Centro Nacional de Biotecnología, que trabaja 24 horas al día para conseguir una vacuna, tienen sobrada capacidad. Hay decenas de laboratorios del CSIC, OPI y Universidades esperando la validación para ponerse a trabajar”.

    El problema, denuncia CCOO, está en la falta de cooperación activa de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en Sanidad y deben solicitar apoyo diagnóstico. “En ese momento, el ISCIII analiza los procedimientos de bioseguridad, inactivación, extracción y PCR de los centros interesados y, si se cumplen los requisitos, da el visto bueno”. El ISCIII ha validado los laboratorios de diversos OPI y laboratorios universitarios de Madrid, Cataluña, Asturias, Galicia, Murcia o Andalucía, para realizar estos test. Queda por confirmar que estos laboratorios, casi dos meses después del inicio del estado de alarma, reciban las muestras que deben suministrar los sistemas de sanidad autonómicos.

    “Algunas comunidades autónomas siguen retrasando o no autorizan a los laboratorios públicos, con el argumento de que compiten por materiales en un momento de escasez. Sin embargo, los laboratorios privados siguen realizando estas pruebas a un coste muy superior, sin que en ese caso preocupe la disputa por los materiales”, denuncia Durán. “Es un sistema ineficiente, los test no llegan a la atención primaria, a las residencias de personas mayores, ni a la ciudadanía”.

    Una situación que se agrava en el sector público, donde gran parte de los servicios de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud se han privatizado. “La Administración del Estado contaba con personal formado y capacitado para su prestación, a pesar de lo cual se contrató a empresas que obtenían las licitaciones sin tener las certificaciones correspondientes y que ahora, ante su incapacidad, están subcontratando esos servicios”, recuerda.

    CCOO insiste en que los organismos públicos deben ser la clave en articular la respuesta. “Aunque el estado de alarma puso a las empresas de diagnóstico a disposición del Estado, para realizar los test que se requieran, muchas empresas están anteponiendo el negocio a la salud, intentando lucrarse con esta pandemia y cobrando hasta 300 euros por test”, denuncia Durán. En este sentido, insta al Ministerio de Sanidad a incluir la realización de test masivos a la ciudadanía, como recomienda la OMS, como parte del Plan para la transición a la nueva normalidad. “No es una cuestión de más dinero. Los centros públicos cuentan con instalaciones, equipos y profesionales, y existen en el mercado ofertas de millones de test de PCR a menos de 10 euros por unidad. No es admisible que mientras la ciudadanía no puede acceder a los test, los recursos públicos, perfectamente válidos y mejor capacitados que la mayoría de las empresas privadas, esperan que alguien se acuerde de que están a disposición del sistema. Es una elección entre un modelo público que ha mostrado su eficiencia, o un modelo privado que no duda en poner el negocio delante de las personas”.

    “Cuando superemos la pandemia será imprescindible actuar sobre las causas que están estrangulando los servicios públicos, que se han revelado fundamentales en sanidad, educación, investigación, protección social y atención a la ciudadanía. Habrá que analizar los modelos actuales y revertir las privatizaciones que desangran al Estado y empobrecen la garantía de los derechos de las personas”, recuerda Vera. “En hacerlo nos va el futuro y la vida”.

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