Por otro lado, el incremento del número de rebrotes que se están originando en los diferentes territorios y del aumento del número de positivos demuestran que las medidas adoptadas no son las adecuadas, lo que obliga a revisar las medidas de protección y prevención frente al virus en los centros penitenciarios, para proteger tanto al personal como a las personas internas.
CCOO presentó unas propuestas a esta SGIP para garantizar la protección de las prisiones frente al COVID19 en la “nueva normalidad”, que de haber sido tenidas en cuenta sin lugar a dudas hubieran evitado la expansión del COVID en las prisiones.
CCOO se ha mostrado a favor de recuperar las actividades normales de los centros penitenciarios y que la población reclusa pueda ejercer sus derechos legales plenamente, pero siempre garantizando las normas de salud pública y de protección de un colectivo especialmente vulnerable como es la población penal y del propio personal penitenciario, ya que, al igual que pasa en las residencias de ancianos, la población penitenciaria es especialmente sensible al virus debido a las patologías que sufren.
Por todo ello, CCOO SOLICITA:
- Que se facilite la información epidemiológica actualizada del número de positivos confirmados y personas en cuarentena por contacto estrecho o estar a la espera de PCR, tanto de personal penitenciario como internos) especificado por centros, ya que desde que finalizara el estado de alarma no hemos tenido más información de los datos.
- Que se implemente una política activa de rastreos de contactos estrechos. La duplicidad en la gestión de la sanidad, el medio penitenciario que es cerrado o la necesaria presencia física que conlleva la actividad penitenciaria nos obliga a dotarnos de un protocolo propio y específico de seguimiento de las personas infectadas y/o en cuarentena así como el cumplimiento de las medidas de salud pública en el interior de los centros penitenciarios.
- Todos los contactos físicos de la población reclusa con el exterior a la prisión deben de realizarse garantizando las medidas de seguridad sanitaria y deberán de acompañarse necesariamente por un periodo de cuarentena que garantice el no ingreso de la enfermedad y la continuidad de la actividad penitenciaria. Asimismo y respecto a las personas que visitan los centros penitenciarios se deben adoptar medidas más eficaces que “firmar una declaración de responsabilidad”, cumpliendo con la legalidad vigente como se hace en el resto de espacios públicos y privados.
- Adecuar los criterios de contacto estrecho a la realidad penitenciaria y las actividades del personal, garantizado la dotación con mascarillas FFP2 para personal de vigilancia en las actividades diarias donde la distancia de seguridad sea inviable, como bajadas y subidas a celdas, reparto comidas, etc., así como para todo el personal de riesgo.
- Nos volvemos a reiterar en la necesidad del uso generalizado de la mascarilla entre la población reclusa en condiciones de salubridad, como medida necesaria para evitar contagios masivos.Reorganizar el régimen de vida común para permitir la distancia física de 2 metros.
- Convocatoria urgente oferta de empleo público extraordinaria ya que sin personal no se puede garantizar la seguridad de los centros penitenciarios, el tratamiento penitenciario ni el cumplimiento de las medidas de salud pública en el interior de los centros.
- Que se tomen medidas concretas para la prevención del COVID en los CIS, ya que al ser centros abiertos es más compleja el control de su situación (realización de PCR al personal en las primeras 24 horas, información ágil y rápida a los delegados/as de prevención de posibles positivos y aislamientos domiciliarios, realización de un plan específico de control de la extensión del virus en los CIS), así como, que se proteja al personal sensible evitando totalmente su exposición.
- Que se den instrucciones a las direcciones de los centros para la convocatoria urgente de los Comités de Seguridad y Salud para garantizar la participación del personal en la prevención.