FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 20 abril 2024.

¡Basta a la privatización de Servicios Públicos!

    26/10/2020.
    Nota conjunta

    Nota conjunta

    Con cargo a la Oferta de Empleo Público del año 2018, el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), convocó oposiciones para cubrir 13 plazas para el Cuerpo de Ingenieros Navales. Se presentaron 61 aspirantes, pero la Administración sólo aprobó a uno, dejando vacantes y sin cubrir las otras 12 plazas.

    También con cargo a la Oferta de Empleo Público del año 2018, el Ministerio de Fomento, convocó oposiciones para cubrir 16 plazas para el Cuerpo de Marina Civil. Se presentaron 68 aspirantes, y la Administración aprobó a quince (1 promoción interna y 14 turno libre), dejando vacante y sin cubrir una plaza.

    En ambos casos, los nuevos funcionarios han sido nombrados y han tomado posesión como funcionarios públicos este año 2020 y han sido destinados como Inspectores de Seguridad Marítima a distintos puestos en el organigrama de la Dirección General de la Marina Mercante.

    A simple vista, es evidente que, el empleo público creado en estos cuerpos de funcionarios con cargo a la OEP 2018 no supera el 55% de la oferta efectuada. Esta situación, no es la primera vez que sucede, si se repasan otras OEP. Pero este dato, siendo inquietante, no es lo más grave. Lo verdaderamente grave es la solución que parece quiere adoptar la Administración para paliar el déficit de personal existente en este ámbito: la privatización de una parte del servicio público que deberían prestar los Inspectores de Seguridad Marítima, cuyas plazas ofertadas en distintas OEP han quedado vacantes en las correspondientes convocatorias de oposiciones.

    Esto es lo que pretende la modificación del Real Decreto 877/2011 relativo a las Sociedades de Clasificación que está tramitando la Administración. En la nueva redacción que le da al Artículo 6, en sus apartados e) y f), le atribuye al personal de estas empresas privadas, la posibilidad de “realizar en nombre de la Dirección General de la Marina Mercante” tareas que, hasta ahora, sólo podían realizar los Inspectores citado, como funcionarios públicos de la Administración, con las garantías que ello conlleva, tanto respecto a su imparcialidad, como respecto a la priorización de los intereses públicos (como la seguridad marítima y la prevención de la contaminación), frente a la priorización de los intereses privados, puramente económicos y comerciales que es lo que mueve a la empresa privada.

    Desde estas líneas, queremos mostrar nuestra más rotunda oposición a esta privatización de servicios públicos y la consiguiente pérdida de empleo público que ello conlleva.

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