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CCOO valora los avances en brecha de género y enfermedad profesional por COVID, pero denuncia la opacidad del Ministerio de Seguridad Social

  • Nuevo complemento en las pensiones contributivas para reducir la brecha de género. Sin perjuicio de una valoración completa a la vista del texto final en el BOE, CCOO hace una valoración positiva del nuevo complemento para reducir la brecha de género en las pensiones contributivas, que en esta ocasión ha sido objeto de un amplio trabajo de discusión en el diálogo social.

CCOO saluda que los avances producidos en el ámbito del diálogo social hayan facilitado las reformas que mejoran la protección social para reducir la brecha de género y el reconocimiento de enfermedad profesional de los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios afectados por COVID. Del mismo modo, lamenta que el Ministerio de Seguridad Social mantenga un nivel de completa opacidad en buena parte de sus actuaciones, especialmente sobre el Ingreso Mínimo Vital, y promueva desde la misma una constante revisión legislativa de las figuras sin la más mínima participación sindical.

03/02/2021.

Este nuevo complemento nace de la reforma obligada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró contrario a la normativa comunitaria de igualdad el antiguo complemento de maternidad aprobado unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular en 2015.

La nueva figura debe valorarse así como un paso relevante en la dirección adecuada, que permite reorientar en el sentido correcto sustituyendo el anterior complemento por maternidad por uno nuevo para garantizar que de forma expresa sirve para luchar contra los efectos de la brecha de género en relación a una de sus dimensiones especialmente relevantes como son los periodos de cuidado de hijos/hijas. El nuevo complemento revierte las exclusiones que sí contenía el diseño original (madres con un 1 hijo/a, mujeres con jubilación anticipada voluntaria, etc.), y se ajusta a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Pero, pese a estos avances, CCOO advierte que el nuevo complemento es susceptible de mejora y perfeccionamiento tanto en su extensión y cuantía como en las características de acceso al mismo, por ello, siendo una buena noticia su aprobación, aún no puede considerarse un instrumento completamente ultimado y será necesario seguir avanzando en el mismo.

CCOO destaca así el hecho de que esta norma sea la primera que establece jurídicamente el objetivo de reducir la brecha de género y crea además un marco para que las organizaciones sindicales y empresariales puedan participar en el seguimiento periódico de este fenómeno.

Reconocimiento de enfermedad profesional para sanitarios y socio-sanitarios afectados por COVID.

Desde el inicio de la pandemia CCOO viene reclamando el reconocimiento de enfermedad profesional para todos los contagios por COVID producidos por motivo de su trabajo en la totalidad de las plantillas de los sectores sanitarios y socio-sanitarios así como de las que sufrieron el personal de las actividades esenciales durante el primer estado de alarma, cuando se vieron obligados a trabajar de cara al público sin ni siquiera disponer de mascarillas ni los más elementales equipos de protección.

El Real Decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros reconociendo la enfermedad profesional para los profesionales sanitarios y socio-sanitarios es fruto de la movilización sindical que CCOO y otras organizaciones venimos llevando a cabo desde que se declaró la pandemia.

Junto a ello, CCOO ha mantenido una línea de trabajo institucional tanto en los espacios de Seguridad Social como en los de Salud Laboral y los estrictamente sanitarios con cada uno de estos Ministerios, en los que se han presentado propuestas concretas basadas en evidencias científicas que avalan el reconocimiento de enfermedad profesional; una de las últimas mantenida con el Ministerio de Seguridad Social el pasado 26 de noviembre.

El Real Decreto-ley aprobado hoy, sin aviso previo, más allá de la recurrente y enésima filtración que, pese a sus denodados esfuerzos de opacidad dignos de mejor causa, escapa al control de este Ministerio una vez más, es la cuarta modificación legislativa que el Ministerio de Seguridad Social realiza respeto de la protección profesional de la Covid, y si bien supone un evidente paso adelante al reconocer, aparentemente, el carácter de enfermedad profesional de los trabajadores y trabajadoras sanitarios y socio-sanitarios, manifestamos nuestra preocupación por que no de una cobertura completa a todas las personas potencialmente afectadas por su empleo en centros sanitarios y sociosanitarios.

CCOO mantiene así la reivindicación de que también sean reconocidos con este mismo derecho la totalidad de actividades sanitarias y socio-sanitarias, lo que incluye al personal de ambulancias, servicios funerarios, y todas las residencias de mayores (no sólo las medicalizadas), así como al conjunto de actividades auxiliares que participan en la atención sanitaria y sociosanitaria y que están expuestas al contagio por contacto con pacientes

Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Ministerio de Seguridad Social mantiene en la más estricta opacidad todas sus actuaciones respecto de esta prestación, pese a los reiterados llamamientos hechos por las organizaciones sindicales.

CCOO recuerda que esta es una prestación de Seguridad Social y que, como tal, debe responder a los principios generales de este sistema público de protección social, por lo que está sujeto a la rendición periódica de cuentas de gestión en las comisiones Ejecutivas y Consejo del INSS, obligación que se incumple sistemáticamente desde su aprobación hace ya más de medio año.

Antes al contrario, lejos de preservar el carácter eminentemente público que hasta el momento mantienen las prestaciones de Seguridad Social, el Ministerio ha impulsado hoy la enésima “reforma parcial” del IMV por la que parece abrirse la posibilidad a que organizaciones no gubernamentales certifiquen situaciones de vulnerabilidad, de ser así ocuparían una responsabilidad que le debe competer exclusivamente a la administración pública.

Para CCOO el recurso a entidades ajenas a las administraciones públicas no es la mejor solución para encubrir la existencia de excesivos filtros en la solicitud y gestión del IMV. Las entidades del tercer sector pueden colaborar en la detección de situaciones de vulnerabilidad, pero la evaluación, y toma de decisiones deben corresponder a las administraciones públicas como forma de garantizar la equidad, igualdad en el acceso y plenas garantías en los diagnósticos de las situaciones de vulnerabilidad.

Además, CCOO recuerda que mientras el Ministerio de Seguridad Social promueve sucesivas reformas legislativas del IMV, continúa sin haber llevado ninguno de los 22 desarrollos reglamentarios previstos en la norma original y en los que está obligado a consultar a las organizaciones sindicales.