Después de un duro proceso de movilizaciones de más de 2 años y huelga de 6 días en nuestro ámbito, CCOO exigió que las reivindicaciones de TODO el personal penitenciario tuvieran una respuesta.

Para dar una salida al conflicto laboral de prisiones, la Administración propuso la creación del grupo de trabajo de Ley de Cuerpos que modernizara la Institución, actualizara la normativa preconstitucional y acabara con la dispersión normativa.

Para CCOO la modernización de la Institución Penitenciaria pasa necesariamente por considerar que el personal penitenciario es la columna vertebral del sistema penitenciario constitucional que tenemos hoy, que realiza numerosas funciones muy complejas y específicas que no son reconocidas ni funcional ni retributivamente, y que arrastra unas desigualdades endémicas fruto del centro dónde se trabaja o por el vínculo jurídico que tiene con la Administración, que no están justificadas ni en la normativa ni en los numerosos pronunciamientos judiciales que hay.

Para poner solución a ello, CCOO defendió que se incluyeran en la Ley sus reivindicaciones históricas como el GRUPO B y la funcionarización del personal laboral, y la revisión de categorías, como elementos centrales para dar una respuesta creíble desde la Ley.

Como en toda negociación, la contraparte, en este caso la Administración, también pone sus intereses encima de la Mesa. La Administración planteó introducir una propuesta inconstitucional para limitar el acceso al empleo público al género femenino, mediante un sistema de cupos, alegando que más del 90% de la población interna es masculina.

En segundo lugar, introducir en la Ley la segunda actividad con destino, ya que se encuentra con un excedente de personas en segunda actividad incapaz de gestionar. Propone que ocupen plazas estructurales y que concursen a los puestos de área mixta, oficinas, tratamiento y administración, desincentivando que participen en los concursos de traslados, perdiendo el Complemento Personal de Vigilancia Interior.

Otro de los grandes problemas de la Institución es la Sanidad Penitenciaria, para la que proponen meterla en una Disposición Transitoria “indefinida” en el tiempo, modificando en la Ley que la titulación de acceso de los médicos sea sin la especialidad MIR dejando sin ningún futuro laboral al personal sanitario.

Además, la Administración Penitenciaria propuso concentrar en ellos, la competencia y TODOS los procedimientos en materia de personal para acabar con la duplicidad competencial que existe. Eliminan las competencias actuales de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, para adjudicárselas “gratis” a los directores de las prisiones. Instituciones Penitenciarias se arroga una Función Pública paralela y distinta a la que ya existe para todos los Departamentos Ministeriales.

CCOO consigue eliminar la cuota de género femenino y que no se discrimine a las mujeres en el empleo público. Además, defendemos la ilegalidad de la concentración de las competencias en materia de personal porque se tiene que modificar el Art. 4 del TREBEP para hacerlo y entonces estaríamos hablando de un ESTATUTO PROPIO para prisiones.

La Administración acepta funcionarizar sólo a Trabajo Social. CCOO ha defendido históricamente una “única relación jurídica” para que no haya diferencias en derechos y económicas y la funcionarización del tratamiento penitenciario, por considerarla que es una actividad que debe garantizar el Estado, y desvincularla de la mercantilización que sufre hoy y el afán privatizador. Para ello se crea la escala de Intervención y Tratamiento en el Cuerpo de Gestión de IIPP, dónde defendemos que estén incluidos TODOS los profesionales que históricamente han desempeñado esta función multidisciplinar, Trabajo Social y TMAES ocupacionales y deportivos, sin desmerecer a ningún colectivo por la titulación universitaria que ha elegido. CCOO se queda sólo en esta demanda.

Además, esta propuesta es estrategia para ganar efectivos en tiempos de crisis, ya que la tasa de reposición de personal funcionario es el doble que la de laborales.

La Administración acepta modificar la denominación actual del Cuerpo de Ayudantes de IIPP y sustituirla por Técnico Superior en Ejecución Penal y Reinserción Social, iniciándose el camino del reconocimiento profesional que nos merecemos. Para ello, propone un sistema de integración, no de promoción interna, que solo puede lograrse mediante Ley. Una integración que se conseguiría después de superar el periodo de prácticas de 18 meses y la superación de un curso habilitante impartido por el CEP, que equivaldría al Título de Técnico Superior de Ejecución Penal y reinserción social una Formación Profesional.

Para CCOO, esta Ley se convertía en una oportunidad de que por fin nuestra reivindicación histórica del GRUPO B se viese materializada. Sin embargo, en el borrador se recoge como una mera expectativa de futuro que tiene que superar aún muchos requisitos, como por ejemplo que se apruebe la Ley, que se homologue el Centro de Estudios Penitenciarios para que pueda dar esa formación habilitante. Se tiene que recoger en la Ley la competencia del Ministerio de Interior para que inicie los trámites de la equivalencia, siendo el Ministerio de Educación finalmente el órgano competente para declarar la equivalencia a efectos profesionales.

Además la Administración propone un acceso progresivo negociando cupos, que no compartimos porque podemos pasarnos integrando al personal en la escala superior B, los próximos 25 años. CCOO ha defendido que se tiene que acotar en un plazo breve e incluir la garantía de poder promocionar a los Cuerpos Superiores A2/A1 mientras se completa la integración, ya que en caso contrario nos quedaríamos aislados profesionalmente. Ninguna de estas garantías propuestas por CCOO ha sido recogida en el borrador.

La Administración Penitenciaria en la Ley viene a modificar la estructura retributiva que tienen las administraciones públicas (Estado, CCAA y la local) y no lo hace para reconocernos el derecho a la igualdad salarial por realizar el mismo trabajo, sino para justificar legalmente y ante los Tribunales que puede diferenciar sus complementos específicos según el centro de trabajo. CCOO defiende la ilegalidad de modificar legislación básica superior y nos volvemos a quedar solos.

Añadir un nuevo criterio para calcular los C. Específicos, como la categoría de centro, solo responde a impedir la viabilidad de que prosperen las demandas reclamando la igualdad salarial.

La Administración recoge en una "disposición adicional" que su compromiso con la igualdad del Art. 14 de la CE, recogido en Directivas Europeas, y en la última doctrina casacional del Tribunal Supremo, será objeto de “Estudio” dentro de 18 meses después de que haya entrado en vigor la Ley, quedando a su voluntad si lo cumple o no.

Para CCOO esta reivindicación es esencial porque es la única que puede materializarse antes, porque afecta a TODO el personal penitenciario (funcionario y laboral), porque es la única manera de solucionar problemas graves estructurales que tiene la Institución como que no entren médicos en las prisiones, porque garantizaría que se cubriera todas las plazas de promoción interna que ofertamos, tanto del grupo A2 como A1, de la SGIP y de la Entidad, porque es la manera de compensar la sobrecarga de trabajo en los CIS por la nueva política penitenciaria etc.

En el borrador, la Administración abre la promoción interna de prisiones afuera para garantizar la cobertura de plazas que año tras año quedan desiertas. Desaparece la promoción interna restringida.

CCOO defendió que se recogiera expresamente en el texto, la obligación de la Administración de ofertarnos dichas plazas en TODAS LAS CONVOCATORIAS, que ha sido aceptada. El número de plazas queda a disposición de la Administración.

CCOO ha defendido que se establezca un plazo límite para realizar la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a las CCAA y alguna consecuencia jurídica / sanción si no se llevan a cabo. No es asumible que se normalice que las leyes no hay que cumplirlas. Además, prescindir de la especialidad MIR para los médicos devalúa la calidad de la sanidad penitenciaria dentro de la sanidad pública y pone fin a cualquier posibilidad de transferencia.

En cuanto a la segunda actividad, CCOO demanda que se aprueben unos planes de empleo con una cierta periodicidad para gestionar el excedente de personal, creando un catalogo de puestos compatibles, singularizando esos puestos para que no ocupen empleo estructural y que no condicionen la convocatoria de los concursos anuales del resto del personal que no está en segunda actividad y por supuesto no perder el complemento personal de interior que se les asigna cuando cambien de destino, sino es porque vas a cobrar las mismas o superiores retribuciones a las que vienes cobrando en segunda actividad, único motivo por el que se puede absorber el complemento personal.

El estado actual en el que se encuentra este borrador es que ha pasado a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, ya que es el órgano competente para elaborar un anteproyecto de Ley, que deberá pasar después por todos los organismos que resulten afectados por la normativa, como Función Pública, el Consejo de Estado, Ministerio de educación etc. hasta acabar en las Cortes Generales.

El Secretario General de IIPP se ha comprometido a ir informándonos del resultado de los informes y consideraciones de los distintos organismos y del estado en el que se vaya encontrando.

En la reunión extraordinaria de la Mesa Delegada del miércoles, CCOO le trasladó al Secretario General su disconformidad con un texto normativo que no reconoce ningún derecho para el personal penitenciario de los defendidos por esta organización, más allá del reconocimiento de agente de la autoridad, que se limitan a recoger una mera declaración de intenciones, que no se concretiza y que se posponen a futuras legislaturas de otros gobiernos.

CCOO es muy consciente de la crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país, por eso entendemos que las demandas económicas se prioricen y se dividan en plazos, pero no se puede seguir recurriendo al tan manido argumento de que no hay dinero para prisiones cuando sabemos que hay partidas que generan excedente y políticas penitenciarias que liberan dinero, como el incremento de los terceros grados o que los condenados de hasta 5 años ingresen en los CIS.

CCOO no dejará ningún espacio de negociación o cualquier ámbito para seguir defendiendo la JUSTICIA de las reivindicaciones de TODO el personal penitenciario, algunas de las cuales pasan necesariamente porque se apruebe una Ley, dónde sabemos que no es un marco de negociación pero que tenemos la responsabilidad como sindicato de explicar que no estamos ante una subida salarial caprichosa, sino que reivindicamos que, A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.

CCOO no renuncia a sus compromisos con el personal penitenciario, con independencia del Gobierno. Hemos presentado propuestas rigurosas y sólidas técnicamente, para que a las prisiones se les reconozca como un servicio público eficiente y con un personal altamente cualificado, comprometido y eficaz a pesar delas condiciones laborales tan adversas que han creado las diversas Administraciones durante los últimos quince años.

CCOO seguirá trabajando en todos los ámbitos donde se irá desarrollando la Ley para que se satisfagan esas necesidades del servicio público penitenciario y de su personal, para que el Congreso esté en condiciones de aprobar una Ley con vocación de pervivencia y con justicia laboral para el maltratado personal penitenciario.