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Consideraciones sindicales al informe balance seguridad 2º trimestre.

    Desde la Sección Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias hemos tenido conocimiento, inicialmente por los medios de comunicación, y tras demandarlo a la Subdirección General de RRHH, del documento denominado “Informe Balance Seguridad y Tratamiento del segundo trimestre”.

    03/09/2021.

    Informe sobre el cual queremos hacerle partícipe de las siguientes consideraciones por parte de ésta Sección Sindical de CCOO:

    1. En dicho informe se refiere, entre otras, a las condiciones de trabajo del personal y a cómo éstas inciden en los incidentes graves, muchos de los cuales tienen consecuencias contra el derecho constitucional a la integridad y la salud del personal penitenciario. Por ello nos resulta de todo modo incomprensible que se participe dicha información a los medios de comunicación y no se haga lo mismo previa y formalmente y en un ámbito de negociación colectiva con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de prisiones.

    2. En el punto 1 de dicho documento, se afirma que los abordajes de desescalada provocan el efecto contrario, dando por supuesto que incrementan frecuentemente el conflicto por la actuación del personal participante.

    Debemos de entender que una información tan contundente como precisa está sustentada en un rigoroso estudio, del cual desconocemos su existencia, y que por supuesto sería muy necesario de participar a los representantes de los trabajadores para poder contrastar la opinión de los partícipes de las acciones enjuiciadas.

    Porque de no existir dicho estudio estaríamos ante una opinión personal y subjetiva del responsable de dicho informe, opinión que enjuicia de un modo negativo e injusto la actividad profesional de miles de trabajadoras y trabajadores penitenciarios.

    3. En el mismo punto 1 se infiere que los directores de los establecimientos penitenciarios deben de proceder al estudio de los incidentes para determinar, si la intervención del personal ha podido provocar una elevación de la agresividad a la inicialmente detectada, de los tiempos de respuesta apropiados, de la pertinencia del momento de la intervención y de los métodos empleados.

    Nuevamente desde la opinión, que acredita que se pide que lo estudien los directores, se vuelve a cuestionar el trabajo y profesionalidad del personal penitenciario.

    Desde CCOO entendemos que las funciones de Dirección en un establecimiento conllevan el pleno conocimiento de cómo se trabaja y abordan los incidentes por parte de las plantillas, de no ser así no parece razonable el ejercicio de esas funciones directivas.

    Por otro lado, si la política penitenciaria de ésta Administración tiene establecido unos criterios objetivos acerca de los tiempos de respuesta, la pertinencia del momento de la intervención, y su intensidad, desde CCOO solicitamos queden reseñados por escrito detallada y pormenorizadamente en todos sus parámetros, temporales y de intensidad, como Instrucción y debidamente rubricados por quien da dicha orden para garantizar la protección penal y administrativa del personal que se quiere poner también en cuestión con el citado informe pasando de la opinión a la inseguridad jurídica.

    4. La política de comunicación que se desarrolla desde la Secretaria General ponen, reiteradamente, en entredicho, como demuestran los titulares de prensa de la noticia del documento citado, el buen hacer del personal penitenciario, tratando la información desde la ambigüedad, haciendo que lo concreto sea general y sembrando dudas acerca del personal penitenciario entre la ciudadanía.

    5. Desde CCOO debemos de manifestar que, con independencia de los conflictos laborales en la Institución, sin resolver a día de hoy, perder la perspectiva de Estado e Institucional poniendo en duda el quehacer de la totalidad de la administración penitenciaria par restar valor a las reivindicaciones, no es el mejor camino, pues solo sirve para reforzar a quienes cuestionan el origen, la naturaleza y los fines del modelo penitenciario Constitucional.

    6. CCOO no hemos tenido la oportunidad de contrastar el informe con la posición de los trabajadores ante las opiniones que atentan contra el buen hacer y responsabilidad profesional de la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores penitenciarios. Brevemente podemos indicar algunas de las causas por las que la situación en las prisiones se ha ido degradando y consiguientemente incrementándose el número y la intensidad de los incidentes.

    Deberían de elaborar un informe para evaluar cómo incide en esa situación del aumento de incidentes el hecho de contar con casi 4.000 puestos sin cubrir y que en la mayoría de las ocasiones, la actividad profesional en el interior de los módulos se desarrolle por una funcionaria o funcionario en solitario, cuestión que choca con los más elementales criterios de seguridad.

    Se debería incluir en el mismo, los efectos que tiene sobre el clima de trabajo la endémica violencia en el trabajo que se ejerce durante años contra el personal penitenciario, sin que se hayan arbitrado medidas preventivas o de protección con resultados tangibles sobre la integridad física y moral de los compañeros y compañeras.

    También sería oportuno considerar en el informe, como en año y medio de pandemia el personal de las prisiones del Ministerio del Interior ha trabajado abnegadamente en unas penosas condiciones, con un compromiso por encima del legalmente establecido y presencialmente, mientras la mayoría de la Administración General del Estado existía la opción de teletrabajar.

    Y por supuesto considerar también que ese informe ideal, debería de contener la plasmación práctica y temporal de los compromisos que, en materia laboral adquirió la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Interior en sede parlamentaria ante los depositarios de la soberanía popular.

    Finalmente, a modo de colofón, si todos estos hechos denunciados no tienen un sustento objetivo podría ser una buena ocasión para asumir responsabilidades que ayuden a mejorar el clima laboral en Instituciones Penitenciarias.