FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 26 abril 2024.

4.000 celdas vacías y 600 millones de euros malgastados, la nefasta gestión política penitenciaria

    La Sección Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias denuncia que en los centros penitenciarios del Ministerio del interior hay más de 4.000 celdas sin uso, por falta de personal. Este gran volumen de celdas abandonadas, equivalen a la dotación de 4 macro cárceles (centros tipo), que suman un costo de 600 millones de euros en total, que están malgastados y sin utilidad alguna para mejorar las prisiones y la reinserción.

    28/10/2021.
    Imagen proyecto centro penitenciario Levante II

    Imagen proyecto centro penitenciario Levante II

    CCOO manifiesta que en Instituciones Penitenciarias existen actualmente más de 4.000 vacantes sin cubrir, lo que representa el 16% del personal operativo necesario según el Ministerio de Interior. A pesar de que se ha producido un descenso de la población reclusa, fundamentalmente por potenciar el cumplimiento de penas en el medio abierto y por la pandemia del Covid-19, la ratio del personal de vigilancia, por ejemplo, es de 4,16 internos por funcionario, para turnos las 24 horas los 365 días del año. Las prisiones europeas tienen una ratio de 2,5 y las recomendaciones de los expertos señalan que debería de ser de 2 x 1 para un óptimo servicio.

    Por otra parte, CCOO denuncia que las políticas de los gestores de construir infraestructuras sin dotarlas del personal necesario provocan que 42 años después de la aprobación de la primera ley orgánica de la democracia, la Ley Orgánica General Penitenciaria, siga sin cumplirse su artículo 19, que establece el derecho de los internos a alojarse en una celda individual dentro de los centros penitenciarios.

    Esta pertinaz insistencia de la Administración Penitenciara por gastar en ladrillo y no invertir en personal y recursos para la reinserción es una constante de gestores que se muestran más interesados en el mundo de la construcción, que en el de los servicios públicos esenciales y el derecho a la reinserción cumpliendo el mandato constitucional.

    El mejor ejemplo es que nuevamente se trata de poner en marcha un macro-proyecto, como es un macro-psiquiátrico en Valencia, para concentrar los servicios de psiquiatría de las prisiones españolas, que hoy únicamente existen en Alicante y Sevilla.

    Este interés por el ladrillo choca con el derecho a la salud mental de las personas presas, con las pautas necesarias para su tratamiento, y que costará más millones (150), un gasto más elevado que lo que costaría la transferencia de la sanidad penitenciaria que el Ministerio del Interior tiene paralizada desde el año 2003 (algo más de 131 millones), incumpliendo la ley de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud. En definitiva, el macro psiquiátrico sería un gran perjuicio para las personas presas con patologías psiquiátricas, puesto que serían alejadas de sus familias cientos de km, un ambiente hostil como es la estructura de una prisión y sin el personal cualificado necesario para su tratamiento.

    CCOO exige que se cumple la legalidad vigente, de un interno por celda y el derecho a la salud y al tratamiento de las patologías psiquiátrica de las personas presas.

    Para ello es necesario invertir en las profesionales, que tienen acreditado que son los únicos que reinsertan y cuidan, reclutando el número de los que faltan, dotando las especialidades imprescindibles y reconociendo su papel con unas relaciones laborales de diálogo y de reconocimiento laboral y retributivo adecuado a la función social que cumplen.