FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 19 abril 2024.

Agentes de la autoridad, un paso adelante pero faltan muchos más

    Desde abril del año 2018 se vienen registrado en la Mesa del Congreso y del Senado diferentes propuestas de Ley, mociones y propuestas no de ley por la mayoría de fuerzas políticas para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad al personal funcionario de las prisiones.

    12/11/2021.
    Imagen funcionario de prisiones

    Imagen funcionario de prisiones

    La propuesta de redacción que se pretende hacer en el Art. 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se está negociando, tampoco es nueva. El 7 de septiembre de 2020, el PSOE registró en la Mesa del Congreso una Propuesta de Ley para la modificación del Art. 80 de la LOGP, con una redacción idéntica a la que trasladan ahora los dos partidos de gobierno, vía enmienda a la “Ley Mordaza”.

    A lo largo de la legislatura ha habido oportunidades para que tuviéramos ese reconocimiento legal, aprovechando la aprobación de otra ley orgánica que nos afecta como la LO 7/2021, de 26 de mayo, o en la misma Ley de Cuerpos Penitenciarios, en la que CCOO trabajó para que se materializaran las justas reivindicaciones que siempre han reconocido los partidos, el Ministro del Interior y el Secretario General de IIPP.

    Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. El carácter de agente de autoridad, aunque es positivo, no es ninguna alternativa para resolver el conflicto laboral en prisiones, ni moderniza la Institución, ni soluciona los problemas estructurales de empleo, envejecimiento, retribuciones y falta de políticas de prevención que arrastramos desde hace décadas.

    Desde CCOO queremos aclarar, en contra de lo que manifiestan otras organizaciones, que el carácter de agente de la autoridad NO rebajará las agresiones que sufre el personal penitenciario porque sólo se pueden disminuir si se hace PREVENCIÓN y se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales, de la que hemos sido excluidos por el PEAFA. Hay que exigir medidas para que las agresiones no sucedan y no protocolos de actuación para cuando éstas ya han ocurrido, que es lo que hace el PEAFA.

    También queremos aclarar que la mayoría de las agresiones que se denuncian de oficio en el Juzgado SÍ se consideran delito de atentado, por aplicación del Art 550 del Código Penal, que equipara a los funcionarios públicos con las autoridades públicas y los agentes. Son excepcionales los casos donde los jueces se separan de la Jurisprudencia y hacen una interpretación distinta, calificando las agresiones al funcionario de prisiones con otro delito. El problema está en que el PEAFA le permite a la Administración Penitenciaria seleccionar y discriminar las agresiones que se denuncian “de oficio” por las direcciones de los centros al Juzgado de Guardia, y por lo tanto muchos compañeros y compañeras quedan fuera de la protección del sistema penal y los derechos de defensa jurídica que nos reconoce el Art. 14 f) del TREBEP.

    Una vez más CCOO tiene que mostrar su rechazo a la discriminación del personal laboral de prisiones que trabaja en contacto con la población reclusa y sufre agresiones, a los que se les ha dejado sin una protección penal reforzada, y que puede hacerse perfectamente en una Ley orgánica, otorgándoles una consideración “asimilada” a la de agente de la autoridad a efectos de calificar las agresiones que sufran como delito de atentado, como bien se ha hizo con los vigilantes privados en la Ley de Seguridad Privada, teniendo una relación jurídica de contratado laboral. Es una cuestión de voluntad política.

    Desde CCOO lo tenemos muy claro, sino se abordan los problemas estructurales de las prisiones (empleo, envejecimiento, formación, protocolos de actuación, seguridad jurídica en las actuaciones, reconocimiento salarial etc.), se pone fin a la campaña de desprestigio y criminalización del colectivo penitenciario y se invierte dinero público en el capital humano NO se recuperará la autoridad perdida, por mucho que lo diga una ley.