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Otro 28 de abril más, sin una salud laboral integral para el personal penitenciario

    El 28 de abril se celebra el día internacional de la prevención y de la salud laboral. El derecho a la salud es un derecho fundamental, que sin lugar a dudas debería de ocupar el centro de la actividad laboral en las instituciones penitenciarias, no sólo porque lo diga el artículo 43 de nuestra Constitución, o porque sea un mandato imperativo para nuestros gestores en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.

    27/04/2022.
    Nota CCOO: 28 de abril, otro años sin una salud laboral integral en prisiones

    Nota CCOO: 28 de abril, otro años sin una salud laboral integral en prisiones

    El derecho a la salud, es un derecho fundamental porque sin salud del personal penitenciario no puede haber un servicio público penitenciario, porque la salud laboral nunca puede ser un concepto retributivo, ni un instrumento arrojadizo contra el personal en la negociación colectiva.

    Reivindicar el 28 de abril como día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo, es una reivindicación por la salvaguarda de la integridad personal, por el respeto a la Ley y porque ir a trabajar en un centro de trabajo de Instituciones Penitenciarias no puede representar un riesgo por sí mismo para el personal de prisiones.

    La distopía de la gestión penitenciaria prefiere ignorar los preceptivos y las obligaciones legales intrínsecas a sus responsabilidades, por las que son generosamente retribuidos por los contribuyentes para que implanten unos servicios públicos eficaces y eficientes.

    Los gestores negando la realidad tratan de ocultarse tras un manto de propaganda gris que impida ver las consecuencias, no sólo negándola, sino de manosearla y deformarla para que esa realidad “cuadre” a su voluntad.

    Las consecuencias son proporcionalmente tan dañinas como la negligencia de quienes tratan denodadamente de evitar que la salud laboral traspase los muros de las prisiones.

    El personal penitenciario padece una panoplia de riesgos laborales que se encuentran huérfanos del manto protector de una gestión preventiva y del cumplimiento de la legalidad vigente.

    Citar algunos obliga a recordar las severas consecuencias que tienen para los trabajadores y trabajadoras los riesgos psicosociales, en la salud física, psíquica y social del personal penitenciario y que se vienen manifestando con mayor intensidad conforme se produce un envejecimiento de las plantillas. Riesgos para los que “los negacionistas gestores preventivos” no han tenido, después de 26 años de su entrada en vigor, oportunidad ni de evaluar integralmente, ni de prevenir, ni de integrar en la gestión de los centros de trabajo.

    Sin lugar a dudas, el riesgo contra el que se estrellan cientos de trabajadores cada año, son las agresiones, agresiones que o bien “no existen” o son sólo disfunción del servicio tan leves que no adquieren relevancia preventiva alguna.

    El trabajo de negar las agresiones, a los propios agredidos, no es una distorsión perceptiva de quien carece de contacto con la realidad laboral penitenciaria, ni una actitud de cinismo desde un espacio de confort, lo preocupante, es que es una política premeditada y claramente orientada a un fin concreto que no es otro borrar el riesgo de la conciencia colectiva y dejarlo aislado como una manifestación individual de alguien que ha tenido un mal día.

    Haciendo un ejercicio de compromiso con la honestidad, hay que manifestar que eso no sería posible sin el PEAFA, que es donde reside la herramienta que perite la aberración del tratamiento que se dan a las agresiones en prisiones. Primero porque permite reinterpretar quién es agredido y quién no, con criterios de puros intereses de gestión y por otro lado porque es cercenación de los derechos preventivos que otorga la propia Ley de Prevención.

    No acaba aquí la orfandad preventiva en Instituciones Penitenciarias, los riesgos del trabajo a turnos, la nocturnidad, el aislamiento, los riesgos biológicos, el envejecimiento de las plantillas, el acoso y otros muchos no reciben la atención mínima necesaria, básicamente porque desde que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en los centros penitenciarios la orientación de todos los gestores que han ido pasando, ha sido la misma, evitar su aplicación mediante subterfugios que simulasen su cumplimiento.

    Por todo ello, poner la salud en el centro exige básicamente el cumplimiento de la Ley, fundamentalmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

    Sería una buena celebración del 28 de Abril, que los gestores penitenciarios regalasen a las plantillas de prisiones un compromiso serio con la prevención de riesgos laborales y la salud laboral de todo el personal penitenciario.

    Porque la salud laboral es un derecho fundamental, el personal penitenciario también tenemos derecho a la integridad y la salud laboral.