FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 16 junio 2026.

Grupo Técnico de Responsabilidad Social Corporativa - Los retos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se acumulan

  • Reunión de 10 de marzo. Mucha espera para cuestiones que no pueden esperar. Las personas no pueden esperar. Huella de carbono, Ley de Movilidad Sostenible, medidas de eficiencia energética previstas, compra verde, IA generativa, Unidades de Inclusión

17/03/2026.
Sede del Ministerio en Poeta Joan Maragall

Sede del Ministerio en Poeta Joan Maragall

El 10 de marzo se reunió el Grupo Técnico de Responsabilidad Social en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Uno de los asuntos de especial interés en este Grupo Técnico es el seguimiento del Plan de Ahorro energético y medidas de eficiencia energética. Para saber si el Plan cumple sus objetivos tenemos que conocer los datos de consumo de agua, gas, electricidad, papel y plásticos, pero ni el Ministerio ni sus Organismos Autónomos nos hacen entrega de ellos porque no tienen sistematizado aún su registro. Sin números no podemos conocer el porcentaje de ahorro conseguido. La Administración nos informa, sin embargo, que tiene ya previsto utilizar una "ficha base" simplificada en un plazo de 15 días para estandarizar la recogida de datos, tras el fracaso de modelos anteriores que resultaron excesivamente complejos. 

CCOO recuerda que el RD 214/2025 obliga a los Ministerios y Organismos Autónomos a calcular y registrar anualmente su huella de carbono a partir de 2026, así como a elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones a cinco años. Tanto el Ministerio como el INAP y la MUFACE desconocen cómo proceder para hacerlo, por lo que el Ministerio plantea licitar el servicio. La huella de carbono son las emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que proceden de fuentes del centro de trabajo como calderas, vehículos, generación de electricidad, calefacción, refrigeración, pero también de las emisiones de bienes y servicios que el Ministerio adquiere, los desplazamientos de su personal o la eliminación de residuos.

CCOO recuerda también que la Ley de Movilidad Sostenible fue aprobada en diciembre de 2025. Esta normativa exige la elaboración de planes de movilidad sostenible para todos los centros de trabajo a partir de 200 trabajadores y trabajadoras. Obliga también a la constitución de una comisión de movilidad de la que surjan las medidas del Plan. Una de ellas, el trabajo a distancia, ya se está implementando en el Ministerio y OOAA a través del Plan de Ahorro energético y de medidas de eficiencia energética. Pero la movilidad sostenible exige incentivar otras alternativas, como el uso de transporte público colectivo, la movilidad en la bicicleta y a pie, proporcionar transporte colectivo privado (lanzaderas), promover el viaje compartido en coche (carpooling), la conducción eficiente o la instalación de punto de recarga de coches eléctricos. Respecto a este último punto, los puntos de recarga, trasladamos a la Administración nuestra preocupación por la extinción de posibles incendios de estos vehículos en los aparcamientos. El Ministerio comparte su preocupación y nos informa que está estudiando las garantías de varios sistemas, inclinándose por uno basado en la nebulización.

En cuanto a las medidas de eficiencia energética previstas, el Ministerio y los OOAA enfrentan retos diversos por las características de sus centros de trabajo. En el edificio de Poeta Joan Maragall, en Madrid, se espera recibir este mes el informe final de conclusiones de una auditoría que se ha realizado en el último trimestre de 2025 sobre la red de ventilación, la iluminación y las filtraciones en la cubierta del edifico. Ya se puede confirmar que se cambiará toda la iluminación de ese centro por luminarias LED para reducir el consumo, lo que tendrá también repercusión en la reducción de la huella de carbono. En el edificio de Madrid Río, en régimen de alquiler, hay un proyecto en estudio para la adecuación de la eficiencia energética de la fachada que se financiaría con fondos europeos, y que mejoraría el aislamiento térmico estival. También se está estudiando la situación de los termostatos y salidas de aire porque se han detectado problemas de ventilación. El desarrollo de medidas de eficiencia energética en las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones no es viable por tratarse de sedes compartidas con otras instituciones que ostentan la propiedad de las mismas, además de porque acumulan excesivas deficiencias del largo abandonado institucional que han sufrido. Las actuaciones en estos centros solo pueden dirigirse a la reparación o restitución de elementos que hayan sufrido desperfectos. El INAP, por su parte, ya tiene un proyecto de eficiencia energética pero cualquier intervención requiere de numerosos permisos por tratarse de un edificio declarado Bien de Interés Cultural. Respecto a la AESIA se carece de control directo sobre los datos de consumo de energía y climatización por ser un edificio cedido por el Ayuntamiento. 

Por otra parte, la compra verde y socialmente responsable en la contratación pública resulta una herramienta esencial en la lucha contra el cambio climático. El sector público es el mayor comprador y contratante de bienes y servicios, por lo que su impacto sobre el mercado, el medio ambiente y la sociedad es notable. Se calcula que el gasto en compras públicas en España alcanza la cifra del 20% del PIB. El Ministerio nos informa que no ha llevado a cabo contratos específicos que puedan calificarse como compra verde, pero que en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas se incluyen los requisitos que la normativa prevé, incluidos los de tipo ecológico. Nos deriva a que consultemos el Plan Anual de Contrataciones. Por parte de CCOO consideramos que la información que nos aportan es imprecisa, casi un acto de fe el que nos obligan a hacer. La compra verde se dirige a productos como la energía que se consume en el servicio, el mobiliario, el material de oficina, los productos de limpieza, la construcción y mantenimiento de los edificios. Esto es, la compra verde debería ser parte esencial de la mayoría de las contrataciones que se realizan, y debería trasladarse a la parte social una información más precisa y concreta de lo que se contrata y cómo se contrata.

La Administración está comenzando a implantar el uso de diversas herramientas de IA generativa (IAg), esto es, aquellos algoritmos capaces de crear nuevos contenidos de texto, imágenes, audio y voz, procedimientos tras haber sido entrenados con ingentes cantidades de datos para usos específicos. Aseguran que puede mejorar la productividad, siempre que se aplique con precaución, infraestructura adecuada y protección de datos, manteniendo determinados estándares de precisión, transparencia y fiabilidad, cumpliendo en todo momento con la normativa europea y nacional aplicable. Desde CCOO mostramos nuestra preocupación y crítica por diversos aspectos de la implementación de la misma, como el impacto laboral que puede tener. Exigimos dar alternativas de formación a la plantilla a todos los niveles para puedan capacitarse para realizar tareas nuevas, más avanzadas y distintas, como el propio entrenamiento o la revisión de las IAs, para evitar el analfabetismo digital y quedar desplazados de esta nueva tecnología. El trabajo rutinario lo pueden hacer más efectivamente los algoritmos, pero debemos asegurarnos que sean empleados y empleadas públicas quienes los diseñen, entrenen, dirijan, evalúen y califiquen. Debemos evitar que sea un nicho para nuevas subcontrataciones de empresas ajenas al servicio público, independiente y de calidad.

En diciembre de 2023, por medio de RD-ley, el Gobierno aprobó la creación de las Unidades de Inclusión en los Ministerios. Estas Unidades tienen, entre otros objetivos, acompañar y prestar apoyo especializado a las personas con discapacidad en su incorporación a un empleo público, así como facilitar la adaptación del puesto de trabajo. Sin embargo, la Unidad de Inclusión de este Ministerio, que habrá de depender del Gabinete del Subsecretario, aún no ha sido aprobada a través de un RD de estructura del Ministerio, ni se ha designado a la funcionaria o funcionario de Nivel 29 encargada de coordinar dicha Unidad. Mucha espera para cuestiones que no pueden esperar. Las personas no pueden esperar.

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