Ante la crisis energética, más responsabilidad social.

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

11 marzo 2026

Las guerras provocadas por potencias con el único afán de incrementar su poder y beneficios económicos a costa de vulnerar los derechos internaciones nos están abocando a una profunda crisis energética que va de la mano de una crisis económica y de una crisis medioambiental sin precedentes y de la que no se está hablando lo suficiente. Ante este escenario no podemos ignorar la responsabilidad que tenemos desde cada ámbito para contribuir a minimizar sus negativas consecuencias.  

Por lo tanto, el impulso de la Responsabilidad Social en la AGE en general, y en este Ministerio, en el INE y en el ICAC en particular, cobra si cabe una especial relevancia en estos tiempos, un objetivo en el que hemos de poner nuestro esfuerzo. Ninguna de nuestras actuaciones diarias y rutinarias es neutra. Todos nuestros pasos dejan huella

.A continuación la NOTA INFORMATIVA de CCOO sobre la reunión del Grupo Técnico de Responsabilidad Social en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, celebrada el pasado 11 de marzo, y en la que se hizo seguimiento del Plan de Ahorro energético y medidas de eficiencia energética y se trataron otros asuntos como la implementación de la IA o la creación de la Unidad de Inclusión para el personal con discapacidad.  

Un asunto obligado y de especial interés en la reunión del Grupo Técnico de Responsabilidad Social es el seguimiento del Plan de Ahorro energético y medidas de eficiencia energética. En reunión celebrada el 11 de marzo la parte social solicitamos datos de consumo de agua, gas, electricidad, papel, material de oficina, plásticos a fin de valorar el cumplimiento de los objetivos de este Plan. De los datos aportados observamos que en el INE y en el ICAC se ha producido un ahorro en electricidad y en agua en 2025 frente al año 2024, y que este ahorro se vincula a la menor ocupación de los edificios de estos Organismos como consecuencia del trabajo a distancia. Se observa también una tendencia a la baja en el consumo de papel debido a la digitalización de documentación, que contrasta con un aumento en el gasto de material de oficina. Por otra parte, el INE nos informa de las medidas de eficiencia energética que está impulsando en distintas Delegaciones Provinciales, como el cambio de iluminación a Led, el cambio de equipos de climatización y ACS y la renovación de los certificados energéticos.

No contamos con datos del Ministerio en el momento de la reunión.

CCOO recuerda que el RD 214/2025 obliga a los Ministerios y Organismos Autónomos a calcular y registrar anualmente su huella de carbono a partir de 2026, así como a elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones a cinco años. El Ministerio parece tener trabajo avanzado en este asunto y se marca el objetivo de alcanzar el "Nivel 3 " (hay 3 niveles) de la huella de carbono. El INE y el ICAC no pueden proporcionarnos información de este punto en esta reunión.

CCOO recuerda también que la Ley de Movilidad Sostenible fue aprobada en diciembre de 2025. Esta normativa exige la elaboración de planes de movilidad sostenible para todos los centros de trabajo a partir de 200 trabajadores y trabajadoras. Obliga también a la constitución de una comisión de movilidad de la que surjan las medidas del Plan. Una de ellas, el trabajo a distancia, ya se está implementando en el Ministerio y OOAA. Pero la movilidad sostenible exige incentivar otras alternativas, como el uso de transporte público colectivo, la movilidad en la bicicleta y a pie, proporcionar transporte colectivo privado (lanzaderas), promover el viaje compartido en coche (carpooling), la conducción eficiente o la instalación de punto de recarga de coches eléctricos.

La compra verde y socialmente responsable en la contratación pública resulta también una herramienta esencial en la lucha contra el cambio climático y la crisis energética. El sector público es el mayor comprador y contratante de bienes y servicios (gasto del 20% del PIB) por lo que su impacto sobre el mercado, el medio ambiente y la sociedad es notable. La compra verde se dirige a productos como la energía que se consume en el servicio, el mobiliario, el material de oficina, los productos de limpieza, la construcción y mantenimiento de los edificios.

El Ministerio nos informa que aplica criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en sus procesos de licitación. Respecto a los criterios de compra verde dice que sigue el catálogo de prescripciones técnicas ecológicas elaborado por Hacienda y Transición Ecológica. Se han creado unidades de gestión medioambiental para supervisar la inclusión de estas cláusulas en los pliegos. En cuanto a las cláusulas Sociales el Plan de Igualdad es requisito obligatorio para las empresas. Nos indican también que se ha excluido a una empresa por no tenerlo inscrito. El INE, por su parte, explica que exigen la certificación FSC en la contratación de papel para encuestas y procesos electorales. En cuanto a clausulas sociales, dos de los criterios utilizados son que la empresa adjudicataria contrate hasta el 50% de la plantilla sea personal con dificultades de acceso al mercado laboral, y que al menos el 60% de los trabajadores sean mujeres en ciertos contratos de datos. El ICAC informa que el 100 % de los contratos y pliegos de prescripciones técnicas (PPT) incluyen cláusulas sociales y medioambientales y que éstas incorporan criterios vinculados a la compra verde, la sostenibilidad y la responsabilidad social, alineados con los principios de contratación pública estratégica. Ni el Ministerio ni los OOAA refieren actualmente ningún incumplimiento de estas cláusulas en sus contrataciones.

La compra verde debería ser parte esencial de la mayoría de las contrataciones que se realizan, y debería trasladarse a la parte social una información más precisa y concreta de cada contratación.

El Ministerio está comenzando a implantar el uso de diversas herramientas de IA generativa (IAg). Se refiere a algoritmos capaces de crear nuevos contenidos de texto, imágenes, audio y voz, procedimientos tras haber sido entrenados con ingentes cantidades de datos para usos específicos. Nos indican que su objetivo es evitar la sobrecarga de trabajo identificando las tareas rutinarias que puedan ser realizadas con la IA. Su desarrollo se rige por estándares de precisión, transparencia y fiabilidad, cumpliendo en todo momento con la normativa europea y nacional aplicable.

Por su parte, el INE ha iniciado también un proceso para la incorporación progresiva de la IA, y se ha habilitado en la Intranet un espacio dedicado exclusivamente a la IA y la IAG con el fin de centralizar recursos, información y materiales de consulta como documentación técnica y normativa, acceso a materiales formativos o preguntas frecuentes y buenas prácticas. Además, ha redactado una declaración de IA en el Organismo, en la que fija los principios fundamentales que guiarán el uso responsable, ético y seguro de estas tecnologías. Por último, ha llevado a cabo un trabajo preliminar de identificación y análisis de casos de uso potenciales, abarcando distintos ámbitos del Organismo, tanto de gestión interna como de análisis estadístico y documental para mejorar procesos mediante IA.

Desde CCOO mostramos nuestra preocupación por diversos aspectos de la implementación de la misma, como el impacto laboral que puede tener. Exigimos dar alternativas de formación a la plantilla a todos los niveles para capacitarles en la realización de tareas nuevas, más avanzadas y distintas, evitando el analfabetismo digital y quedar desplazados laboralmente. El trabajo rutinario lo pueden hacer más efectivamente los algoritmos, pero debemos asegurarnos que sean empleados y empleadas públicas quienes los diseñen, entrenen, dirijan, evalúen y califiquen. Debemos evitar que sea un nicho para nuevas subcontrataciones de empresas ajenas al servicio público, independiente y de calidad.

En diciembre de 2023, por medio de RD-ley, el Gobierno aprobó la creación de las Unidades de Inclusión en los Ministerios. Estas Unidades tienen, entre otros objetivos, acompañar y prestar apoyo especializado a las personas con discapacidad en su incorporación a un empleo público, así como facilitar la adaptación del puesto de trabajo si así se precisa. La Unidad de Inclusión de este Ministerio, que depende de la Subdirección General de RRHH y que cuenta actualmente con dos personas, empezó a trabajar a principios de año y ya ha difundido un buzón de correo, unidad.inclusion@economia.gob.es, en el que se podrá contactar con ella para cualquier necesidad, duda o aportación. Esta Unidad dará también cobertura al INE y al ICAC.  Reconocemos el valioso trabajo de esta Unidad, pero prevemos una labor considerable para los escasos recursos con los que se ha dotado a estas Unidades por RD-Ley.

 

 

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