FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 16 junio 2026.

28 de abril: día mundial de la seguridad y salud en el trabajo

    En Instituciones Penitenciarias: nos sobran riesgos, nos sobran daños. Falta prevención, nos falta ser colectivo de riesgo y la jubilación anticipada

    27/04/2026.
    Jubilación anticipada 28 abril

    Jubilación anticipada 28 abril

    Nuevamente un 28 de abril hacemos balance de la evolución de la prevención de riesgos y la seguridad laboral en Instituciones Penitenciarias, y lo primero que debemos de constatar es que la salud y la prevención de los riesgos que afronta el personal penitenciario sigue sin ser una prioridad para la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

    El derecho a la salud es un derecho fundamental que, sin lugar a dudas, debería de ocupar el centro de la actividad laboral en las instituciones penitenciarias, no sólo porque lo diga el artículo 43 de nuestra Constitución, o porque sea un mandato imperativo para nuestros gestores en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. El derecho a la salud, es un derecho fundamental porque sin salud del personal penitenciario no puede haber un servicio público penitenciario, porque la salud laboral nunca puede ser un concepto retributivo, ni un instrumento arrojadizo contra el personal en la negociación colectiva.

    El personal penitenciario padece un sin fin de riesgos laborales que se encuentran huérfanos del manto protector de una gestión preventiva y del cumplimiento de la legalidad vigente.

    Ni la Ley de Prevención ni el paso de los años atajan los riesgos que causan daños a miles de trabajadoras y trabajadores penitenciarios, con total indiferencia de los gestores penitenciarios que prefieren incluirlos “en modo recompensa con horarios o horas extras” que evitarlos conforme a la Ley.

    Las agresiones, fruto del PEAFA apoyado por CSIF y UGT, están creciendo de un modo descontrolado, sin que se tome ninguna medida, más allá de notas de prensa de queja de quienes han firmado esta herramienta de desprotección.

    Los riesgos psicosociales acreditan unos daños profundos, con consecuencias graves en muchas áreas del bienestar personal incluida la salud mental. No existe ningún camino para evaluarlos y prevenirlos, fundamentalmente porque son consecuencia de la gestión y organización del trabajo, y por lo tanto los gestores no quieren ningún tipo de fiscalización sobre sus decisiones.

    La violencia sexual contra las trabajadoras penitenciarias se sufre sin ningún tipo de medida más allá del código penal, y con la Administración dando la espalda para su defensa. El derecho a la igualdad no logra pasar los muros de las prisiones.

    La turnicidad y la nocturnidad tienen consecuencias dañinas intensas sobre la salud del personal, que hace necesaria una revisión de cómo se organiza y cómo se trabaja con tiempo de rehabilitación.

    Los riesgos biológicos siguen provocando un número importante de accidentes cada año, sin que parezca que las medidas preventivas tengan impacto alguno.

    Los accidentes, sobre todo in itínere, el acoso laboral o las consecuencias de la presencia del gas radón o el amianto en los centros penitenciarios son otros riesgos que amenazan la salud del personal penitenciario.

    Este panorama de negligencia y olvido del derecho del personal penitenciario a la prevención y protección sostenido por encima de la Ley durante muchos años, puede explicar algo que todos vemos en nuestros centros, como es la muerte prematura de compañeros y compañeras, con edades muy inferiores a las de la esperanza de vida. Los datos nos indican que los porcentajes de fallecimiento del personal penitenciario en activo superan en un 26% a los de la población general.

    Frente a esta situación no cabe mirar para otro lado, o dejarse arrastrar por inercias colectivas que desde el desconocimiento promueven condiciones laborales que no mejoran la prevención y la salud laboral.

    CCOO tenemos un compromiso activo con la salud laboral y la defensa de la misma para todo el personal penitenciario, y ante los retos de riesgos señalados y la política preventiva de la SGIP, seguimos defendiendo medidas que promuevan y la salud laboral y garanticen la protección del personal de los daños.

    En primer lugar no es aceptable el sistema de “excepcionalidad” que argumenta la administración penitenciaria para seguir manteniendo a más de 25.000 trabajadoras y trabajadores penitenciarios sin la protección de una prevención que detecte y evite los riesgos.

    Por otra parte la consolidación de los daños ocasionados por el sostenimiento de todo este tipo de riesgos ha derivado, ha ocasionado y continua haciéndolo un deterioro objetivo de la salud del personal penitenciario y de sus expectativas de vida.

    En esa dirección seguimos defendiendo la necesidad de reconocimiento del derecho a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores de colectivo de riesgo. Lamentamos en este sentido que es una defensa exclusiva de CCOO por considerar  otras organizaciones que la salud del personal no es tan importante como dice la Ley.

    El 28 de abril, como cada uno del resto de los días del años, CCOO continuará luchando por proteger al personal penitenciario frente a los riesgos y dar alternativas a los daños que ocasionan los que no estén prevenidos.