En CCOO continuamos las reuniones con los grupos parlamentarios para exigir el cumplimiento de los acuerdos en la AGE

    Tras las reuniones mantenidas con representantes del Partido Socialista, Unidas Podemos y Partido Popular, hoy nos ha recibido Pablo Cambronero, miembro de la Comisión de Política Territorial y Función Pública por Ciudadanos.

    24/07/2020.
    Momento de la reunión telemática con Pablo Cambronero (C´s)

    Momento de la reunión telemática con Pablo Cambronero (C´s)

    Desde el pasado mes de mayo, CCOO hemos iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios, especialmente con las diputadas y los diputados que forman parte de la Comisión de Política Territorial y Función Pública, para trasladarles las cuestiones más conflictivas que vive la Administración General del Estado y buscar consensos en la planificación del futuro del sector. En estas conversaciones, hacemos especial hincapié en el cumplimiento de los acuerdos firmados, en la línea de la campaña #CumpleSinRecortes que venimos desarrollando estos últimos meses.
    Tras las reuniones mantenidas con representantes del Partido Socialista, Unidas Podemos y Partido Popular, hoy nos ha recibido Pablo Cambronero, miembro de la Comisión de Política Territorial y Función Pública por Ciudadanos.

    CCOO hemos puesto sobre los cuatro ejes de nuestra campaña. El más urgente, la inmediata ejecución del IV Convenio Único, cuyas tablas salariales acumulan dos años de demora por la decisión del Gobierno de esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2020, y del que siguen sin desarrollarse el encuadramiento, el concurso abierto y permanente o la jubilación anticipada parcial, entre otros.

    También el Acuerdo para la distribución de fondos adicionales 2018-2020, que se ha venido aplicando de manera restrictiva por la CECIR, y del que continúa pendiente la negociación de las medidas correspondientes a este año. Recordamos que este acuerdo se aprobó en 2018, para iniciar la recuperación salarial después de 10 años en que las empleadas públicas y los empleados públicos acumulamos casi un 15 % de pérdida de poder adquisitivo.

    De la misma manera, hemos insistido en la necesidad de impulsar las Ofertas de Empleo Público, no solo incrementando su volumen, sino también dotando de mayor celeridad los procesos. Desde la publicación de las OEP hasta la incorporación efectiva transcurren casi tres años. CCOO entendemos que esta crisis ha evidenciado el papel esencial de los servicios públicos para la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, y que resulta imprescindible convocar de manera inmediata las OEP pendientes y los procesos de estabilización del empleo temporal.

    Finalmente, CCOO hemos recordado que la negociación del III Plan de Igualdad en la AGE no puede quedar en titulares de notas de prensa del Ministerio. Es fundamental que se desarrolle una negociación real, profunda, que corrija los defectos de los planes previos y que garantice una igualdad real, especialmente en este ámbito en que se depende directamente del Gobierno para la aplicación de las medidas. Igualmente, hemos pedido la activación inmediata del Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, que lleva años esperando su entrada en vigor.

    Además de estas cuestiones, hemos insistido en los problemas e incumplimentos que se han venido produciendo en el escenario sanitario declarado para evitar la expansión de la COVID-19. Unas situaciones que CCOO entendemos han sido especialmente graves durante la reincorporación del personal público al trabajo presencial, y que se mantienen en muchos casos en la nueva normalidad, sin que se aplique la resolución del 17 de junio, que no contó con el apoyo de nuestro sindicato. Hemos reiterado la necesidad de proteger la seguridad y la salud del personal público y de la ciudadanía que hace uso de los servicios públicos, que no han cesado su trabajo durante el estado de alarma, habiendo quedado garantizada su prestación. En este sentido, hemos recordado que CCOO hemos interpuesto demandas por vulneración de derechos fundamentales e interpuesto denuncias ante la Inspección de Trabajo.

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