FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 9 mayo 2024.

Informe encargado por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP)

El saqueo: la dependencia del sector privado en las Administraciones centrales de Europa y la Comisión Europea

    El informe, encargado por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) presenta la investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU) de la Universidad de Greenwich sobre el alcance, causas e impacto de las diferentes formas de privatización en el sector Estatal y la Administración de la Unión Europea sobre las personas trabajadoras y sobre la calidad de las Administraciones públicas.

    05/10/2022.
    La dependencia del sector privado en las Administraciones centrales de Europa y la Comisión Europea.

    La dependencia del sector privado en las Administraciones centrales de Europa y la Comisión Europea.

    Si bien la FSESP ha encargado investigaciones sobre la subcontratación en muchos sectores, como el de empresas de utilidades públicas o de Administraciones locales, es el primer intento en Europa de hacerlo a nivel de Administraciones centrales o federales.

    Desde la llegada de las reformas de la Nueva Gestión Pública en todo el mundo, la privatización ha ido en aumento en las Administraciones públicas, según la cual, los gobiernos y el sector público en general deberían comportarse más como empresas. La crisis financiera de 2008 y las posteriores medidas de austeridad intensificaron en los gobiernos de muchos países de toda Europa este impulso hacia la privatización. La campaña de digitalización de las Administraciones públicas supone un riesgo mayor que acrecentará la participación del sector privado. Si bien la privatización se limitaba inicialmente a áreas específicas dentro de la Administración pública, en muchos países se han ido transfiriendo gradualmente más responsabilidades hacia el sector privado, relacionadas con funciones centrales del Estado, generalmente, mediante acuerdos complejos, opacos y caros.

    Hoy en día, muchas de las funciones centrales de la Administración pública son entregadas por contratistas y consultores privados, restando transparencia y responsabilidad a la prestación del servicio.

    La subcontratación se inicia con contratos de servicios relativamente simples que pueden ser proporcionados por el sector privado de una forma relativamente directa, principalmente en el ámbito de gestión de instalaciones. Sin embargo, la subcontratación estatal ha cambiado significativamente en los últimos 20 años o así, expandiéndose en algunos casos hacia nuevas áreas como la salud, el bienestar, el empleo, la migración y los centros penitenciarios. En el caso más extremo de Reino Unido, el gasto de la Administración central en proveedores externos se asemeja al de su propio personal1 Las consecuencias de la excesiva subcontratación son: la fragmentación; un servicio de menor calidad; condiciones salariales y laborales inferiores para el personal de las empresas subcontratadas; ausencia de coordinación entre las diferentes empresas y; un menor control político, ya que las funciones básicas estatales llegan a estar dirigidas por empresas privadas. La subcontratación no tiene que ser necesariamente más barata. La densidad sindical en los servicios subcontratados tiende a ser menor que en el sector público.

    La consultoría, que puede enmarcarse como otra forma de subcontratación, ha aumentado en la Administración Pública de forma significativa en años recientes. Entre 2019 y 2020, los servicios de consultoría para la gestión del sector público representaron un 14 % de todo el volumen de facturación de los servicios de consultoría para la gestión en 11 países europeos y el Reino Unido. Este porcentaje varía del 31 % de Grecia, el 22 % de Dinamarca y Reino Unido, y el 17 % en España, al 9 % de Francia y Alemania. Algunas grandes empresas de consultoría como McKinsey, PWC, Ernst and Young, KPMG y Deloitte, no solo tienen una fuerte participación en las funciones centrales y elaboración de políticas de la Administración pública, sino que también definen la reestructuración del sector público, proponiendo recortes de personal que, posteriormente, generan la necesidad de contratar más personal para la consultoría. El aumento de los servicios de consultoría puede explicarse en parte por la pérdida de conocimientos y capacidades en el seno de la Administración pública, como consecuencia de los recortes presupuestarios y de personal.

    Como parte de las respuestas frente a la pandemia del covid-19, una serie de gobiernos encargaron a empresas de consultoría privadas la logística, como es el almacenamiento y suministro de mascarillas y vacunas, así como el diseño o aplicación de apps para el covid-19. El auge de los servicios de consultoría es particularmente alarmante debido a la opacidad de las contratas con el Estado, sus elevados honorarios, el riesgo de conflicto de intereses y la interferencia con las políticas públicas. A menudo, tratan con datos sensibles de carácter personal. No existe, o apenas hay, una evaluación pública de los resultados derivados de sus acciones. Además, estas empresas de consultoría facilitan a las empresas multinacionales la elusión fiscal, lo que plantea serias dudas acerca de su capacidad a la hora de cumplir con las funciones básicas en bien del interés público.

    El informe presenta de forma resumida otras dos formas de privatización también: las asociaciones público privadas (APP) y la corporativización, que ambas plantean problemas acerca de la entrega de servicios y el impacto sobre el personal.

    La dependencia de la Administración pública en los proveedores privados de tecnologías digitales suscita cuestiones en torno al control, uso y titularidad de los datos recopilados sobre ciudadanos y servicios, la pérdida de capacidad interna, transparencia y responsabilidad.

    La sección final del informe realiza una serie de recomendaciones dirigidas a los responsables políticos y afiliadas a la FSESP. Se puede revertir la privatización, y de hecho se ha hecho. Las Administraciones centrales deben crear capacidades internas para que no se plantee la necesidad de privatización como primera opción. Hay que dar prioridad a la contratación directa de funcionarios públicos frente a la contracción de consultores, a fin de que el gobierno e oriente en los beneficios a largo plazo, en vez de en soluciones a corto plazo. Con la expansión de la digitalización, se hace especialmente necesario que el sector público genere conocimientos y capacidades y pueda mantener la soberanía y control sobre sus datos. El último objetivo fue acordado recientemente por 17 gobiernos de la Unión Europea mediante un acuerdo en materia de digitalización de los interlocutores sociales de la Unión Europea junto a los sindicatos, liderados por la FSESP.

    A nivel metodológico, el informe se basa en una investigación documental y en entrevistas a los representantes sindicales de las afiliadas de la FSESP en nueve países: Armenia, Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia, Irlanda y Reino Unido (la lista de sindicatos se muestra a continuación); los borradores del informe fueron revisados por las afiliadas de la FSESP con presencia en las Administraciones centrales y federales y la Comisión Europea durante 2021 y 2022 y el Secretariado de la FSESP.

    Adjuntamos el informe completo en PDF.

     

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