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    La Acción Social ni puede ni debe quedar en suspenso por motivo de la COVID-19

      Hablamos de ayudas económicas para las empleadas y empleados públicos del Ministerio de Asuntos Ecónomicos que, en este escenario, siempre son necesarias, aunque en la práctica no cumplan más que en una mínima parte de la finalidad para las que fueron establecidas.

      08/05/2020.
      Salón de actos en el complejo ministerial de Cuzco de Madrid

      Salón de actos en el complejo ministerial de Cuzco de Madrid

      No estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia. Esto nos obliga a volver a la normalidad de manera gradual y progresiva, y adoptando en todo momento las medidas de prevención y seguridad necesarias. Es un nuevo contexto que nos exige adaptarnos constantemente para poder continuar nuestra trayectoria, sin dejar nada ni a nadie atrás.

      La Acción Social ni puede ni debe quedar en suspenso por motivo de la COVID-19. Hablamos de ayudas económicas para las empleadas y empleados públicos del Ministerio que, en este escenario, siempre son necesarias, aunque en la práctica no cumplan más que en una mínima parte de la finalidad para las que fueron establecidas.

      La imposibilidad de realizar reuniones presenciales por la crisis sanitaria ha obligado a buscar otras alternativas de comunicación, en este caso, las telemáticas. A través de ellas la Administración nos ha trasladado un borrador de Plan de Acción Social 2020 para su valoración y firma. Es un plan muy similar al de ejercicios pasados, que recoge pocas alteraciones respecto a los anteriores. Y pocas modificaciones puede haber si la base angular del Plan, su presupuesto, permanece invariablemente prorrogado desde el 2012, tras sufrir un recorte del 25% en el 2010, y soportar una nueva acometida en el 2011 que se llevó por delante otro 50% del mismo. Esta prórroga ha tenido como consecuencia que en el Ministerio el presupuesto de Acción Social se haya quedado reducido a la cantidad de 277.272 euros. Sin embargo, con los fondos sustraídos y su consiguiente congelación esta partida superaría en la actualidad el millón de euros. Las cifras hablan por sí solas, y suponen que la capacidad de Acción Social haya quedado severamente limitada y restringida.

      La única variación reseñable en el Plan de este ejercicio será la fragmentación del tramo II, que es el abarca al personal cuya retribución bruta anual oscila entre los 20.001 y 30.000 euros. Esta subdivisión supone generar dos niveles retributivos distintos. El primero, entre los 20.000 y los 25.000 euros; y el segundo, de los 25.001 a los 30.000 euros. El objetivo de esta fragmentación es poder elevar la cuantía máxima de todas las ayudas concedidas al personal de la subdivisión con menores retribuciones: de 20.000 a 25.000 euros. Este colectivo pasará, por tanto, a poder percibir de un máximo total de ayudas de 400 euros, respecto a los 200 que estaba estipulado antes de la fragmentación. Desde CCOO valoramos positivamente esta medida porque el tramo II abarca un nivel retributivo muy amplio, con mucha diferencia salarial entre un extremo y otro, y la fragmentación, en teoría, permitirá atender mejor las necesidades del colectivo menos favorecido retributivamente hablando, lo que estaría en consonancia con la filosofía del Plan. Sin embargo, hemos de ser igualmente conscientes de que el presupuesto tan insignificante con el que partimos hará que esta modificación tenga un impacto pírrico en el bolsillo del personal. La redistribución tendrá más sentido cuando exista un presupuesto que realmente responda a las necesidades de las que es objeto.

      Por otra parte, la Administración nos informa de que el personal de la Secretaria General de Administración Digital (transferido a nuestro Departamento desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública como consecuencia de la última reestructuración ministerial) finalmente no podrá acogerse al Plan de Acción Social del Ministerio de A. Económicos. Este año habrá de ser asumido nuevamente por el Plan de Acción Social del Ministerio de origen, el de Política Territorial, ya que no pudo efectuarse el traspaso del presupuesto del 2019 en Acción Social correspondiente a ese personal de un Ministerio a otro.

      No somos ajenos a que la incertidumbre política primero, y la crisis sanitaria originada por la COVID- 19 después, ha provocado un escenario que ha dificultado, y dificulta enormemente, la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en los que se pueda contemplar un impulso a la Acción Social. Ahora bien, no cabe justificación alguna en que la subida salarial del 1,7% y del 2,5% que se produjo en el año 2018 y 2019, respectivamente, no haya tenido reflejo directo en el presupuesto de Acción Social de este año, más aún cuando la Acción Social sale precisamente de la masa salarial del personal, teniendo que alcanzar el 1% de la misma, pero que en la práctica solo llega al 0,27%. Si esta masa ha aumentado, no es concebible que no se haya producido un aumento proporcional en el presupuesto de Acción Social.

      Podríamos entrar, además, a profundizar en el agravio comparativo y sostenido en el tiempo de esta partida respecto a alguna otra, que no ha sido sometida a estos procesos de sustracción y prórroga eterna pero que, en cambio, sí tiende a beneficiarse de una actualización permanente. Nos referimos, sin duda, a la de Productividad. Una partida con cuantías desorbitadas que no están sujetas a control ni objetivación en su distribución, y que, sin embargo, responden de manera cuestionable a los intereses de ciertos colectivos "privilegiados".

      Los razonamientos aquí expuestos obligan a que CCOO prorrogue también su decisión de NO FIRMAR el Plan de este ejercicio. Es inasumible el recorte a un presupuesto que es "por" y "para" los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio, y que ha conducido a que el Plan de Acción Social se haya convertido en una muestra simbólica de la finalidad para que la realmente fue desarrollado. Nuestro objetivo es la recuperación de esos fondos arrebatados, vía Presupuestos Generales del Estado, rechazando toda normalización/asunción de la pérdida de un derecho del personal al servicio de lo público. CCOO no ha dejado ni dejará de reivindicar en las Mesas de Negociación y por medio de otras acciones sindicales la recuperación de los fondos de este derecho que sigue en la lista de “asuntos pendientes”.

      No somos firmantes del Plan, pero tampoco seremos obstaculizadores en su ejecución. Solicitamos, por ello, que este Plan pueda gestionarse lo más eficaz y rápido posible. A este respecto la Administración nos informa que está previsto que el plazo de solicitudes comience el 11 de mayo y se extienda hasta el 20 de junio, un plazo que supera al ordinario y que tiene por objetivo facilitar la gestión de solicitudes por parte del personal afectado.

      Documentación asociada
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