FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 29 marzo 2024.

CCOO exige un Pacto por la Ciencia real y una modificación normativa negociada

    La falta de recursos humanos, los vaivenes presupuestarios y la excesiva burocracia hacen peligrar el sistema de investigación. Eso supone un riesgo para la ciudadanía y un desprecio de los servicios públicos, pese a su papel esencial en escenarios como la pandemia de la COVID-19 o la anticipación de las erupciones volcánicas de La Palma, donde el trabajo del IGME ha permitido salvar vidas.

    06/10/2021.
    Un momento de la jornada de hoy en el Congreso de los Diputados.

    Un momento de la jornada de hoy en el Congreso de los Diputados.

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    CCOO ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados su informe sobre ‘Los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado: servicio esencial para la ciudadanía’, en el que analiza la situación actual del sistema científico y realiza propuestas para su refuerzo como motor de la economía e instrumento de mejora de la sociedad y de su calidad de vida.

    "Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) han perdido más de 6.000 efectivos en los últimos 10 años, lo que supone un 25 % de la plantilla”, lamenta Elisa Fernández, secretaria de Empleo y Juventud de CCOO en la Administración del Estado. “Esto ha afectado al personal de investigación, técnico y de gestión, y tiene como consecuencia directa la precarización, porque suple al personal fijo con contrataciones temporales que alcanzan a dos de cada cinco puestos y que, en su mayor parte, se ocupan por mujeres”. Fernández ha apuntado, además, a la falta de personal de gestión y el exceso de burocracia como causas de que la resolución de las convocatorias de proyectos y de contratación se retrase en exceso.

    El sindicato ha destacado además la falta de una financiación estable, necesaria para el mantenimiento de los proyectos de investigación que se vienen llevando a cabo. “Los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permiten su incremento hasta los 1.163 millones, pero es una cifra coyuntural. La inversión en Ciencia en 2021 congela el presupuesto del año anterior”.

    Carolina Frías, secretaria general del sector de la Administración General del Estado de CCOO, lamenta la debilidad del sector público de investigación. “Es fundamental un refuerzo del sistema de Ciencia, que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, como hemos visto durante la pandemia de la COVID-19 o con la anticipación de las erupciones volcánicas de La Palma, donde el trabajo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha permitido salvar vidas”.

    “A este Gobierno no le cabe ninguna duda de que la investigación tiene un papel esencial, también en la seguridad humana. Por este motivo, se va a incrementar la financiación en los Presupuestos Generales del Estado, usando los fondos europeos como apoyo”, ha adelantado Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030, que ha destacado el compromiso con la recuperación del empleo público, con el incremento de las tasas de reposición en 2021.

    “Estamos de acuerdo en el diagnóstico, y ese es un buen paso para iniciar el tratamiento”, ha destacado Raquel Yotti, secretaría general de Investigación. “La investigación responsable tiene dimensiones en transparencia y eficiencia, pero también en cómo se investiga, en los derechos de las personas que intervienen, en la atención a la diversidad y en la visibilización de las mujeres en la Ciencia”.

    Las personas representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión de Ciencia e Innovación han destacado el papel crucial de la investigación como servicio público. Roberto García, del Grupo Socialista, ha destacado el incremento presupuestario previsto en el anteproyecto para 2022 y la creación de la Subcomisión por el Pacto de la Ciencia. Por parte del Grupo de Unidas Podemos, Ismael Cortés se ha referido a la necesaria mejora de los equipos técnicos y humanos, y a la adaptación del modelo científico a la cooperación en lugar de la competitividad. Pedro Navarro, del Grupo Popular, considera que, además de modificar la Ley con el consenso del sector, deben garantizarse compromisos fuertes que sustenten el Pacto por la Ciencia. Finalmente, las dificultades de la normativa en materia de contratación y la precariedad laboral han protagonizado la intervención de Juan Ignacio López-Bas, del Grupo Ciudadanos.

    Pedro Linares, secretario de Salud Laboral de CCOO y coordinador de I+D+i en la organización sindical, ha recordado que la destrucción de empleo en la Ciencia, además de obligar a emigrar al personal de la investigación, terminó súbitamente con un importante volumen de proyectos.

    CCOO ha concluido reclamando mayor esfuerzo en el incremento de las plantillas y la financiación, y el inicio de un proceso de negociación destinado a modificar la Ley de la Ciencia en el marco del Diálogo Social, con un cronograma para abordar cada elemento y la participación de personal técnico.