FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 24 abril 2024.

Instituciones Penitenciarias renuncia a la reinserción por el marketing

    Los graves incidentes acaecidos en la prisión de León, no son solamente una demostración de los riesgos que tiene para las personas y el servicio público tomar decisiones equivocadas en una prisión, sino que convierte a los funcionarios en víctimas de estas decisiones, la mayoría de las veces en forma de agresiones.

    17/05/2023.
    Pasillo módulo

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    Estos hechos no son un hecho aislado o local, sino que responden a una dinámica de la actual gestión penitenciaria, que anuncia nuevos episodios graves, más agresiones, más posibilidades contra la seguridad de la prisión, la posibilidad de secuestro a directivos o incluso la muerte de algún funcionario.

    La reinserción es el principal y prioritario mandato constitucional para el servicio público penitenciario en España, y CCOO defiende que a ese objetivo deben de dirigirse los recursos y la actividad profesional en los centros penitenciarios.

    La política penitenciaria debe de cumplir estos objetivos para la población penal, garantizando el acceso a este derecho a la totalidad de la población penal, siendo conscientes de que es un derecho y no una obligación, y que siempre habrá un porcentaje, muy reducido, de población penal que no desea la reinserción.

    Los gestores penitenciarios deben rendir cuentas ante sus superiores jerárquicos, ante el legislativo y la ciudadanía, por lo tanto, tienen una especial motivación para presentar estadísticas favorables a su trabajo, estadísticas de una realidad que no siempre acompaña a sus intereses.

    En torno a esa “necesidad” profesional y personal se articulan las políticas públicas penitenciarias, que siempre, inevitablemente, tratan de destacar las bondades de sus actos. Pero en estos momentos asistimos a una exageración insostenible de la tendencia, convirtiendo a las estadísticas como esencia de la política penitenciaria con unos resultados lamentables y peligrosos.

    • Las órdenes para reducir las estadísticas de los primeros grados (es decir de los reclusos más conflictivos e inadaptados a la normal convivencia) y que se esté progresando en la clasificación penitenciaria a reclusos con nula evolución penitenciaria, que deberían continuar siendo primeros grados porque siguen protagonizando la mayoría de los conflictos allá donde estén. A pesar de reiterar incidentes se les mantiene una clasificación más benigna para la que no se cumplen las mínimas condiciones de seguridad.
    • Igualmente sucede con los incidentes ligados a los problemas de falta de asistencia sanitaria. Se oculta la relación de los incidentes con la falta de salud y atención primaria en los establecimientos. Sin el derecho a la salud de los reclusos los conflictos aumentarán.
    • La estadística también se utiliza en otro factor esencial de un buen servicio penitenciario, la alimentación de la población reclusa. La escalada inflacionaria ha dejado los presupuestos en esta materia totalmente desfasados, la respuesta, una vez más estadística, reducir calidades y reducir cantidades. Por lo que, los conflictos en el reparto de comida están asegurados.

    Para la gestión del “marketing” se necesita contar con equipos directivos en los centros penitenciarios para ese fin, lo que está originando que se busquen perfiles de mandos con muy poca experiencia penitenciaria, con sesgos de gestión que impiden una visión integral de los centros y muy condicionados en sus responsabilidades por la larga sombra de “Madrid”.

    Además se ha generado en los centros una cultura de desautorización al trabajo y profesionalidad de los funcionarios y funcionarias de prisiones que promueve el desaliento, y asumir roles que empoderan la capacidad de presión de la población reclusa.

    Este modo de operar en clave de “ingeniería estadística” no es nuevo en Instituciones Penitenciaras, ya lo venimos padeciendo con el Protocolo especifico de actuación frente a las agresiones (el PEAFA) firmado por el anterior gobierno con UGT y CSIF, por el que además de reducir derechos preventivos y de protección al personal penitenciario, se están ocultando un buen número de agresiones de las estadísticas oficiales, se califican como insignificantes las sucedidas, mientras la realidad demuestra cada día como el personal penitenciario es agredido con más violencia e intensidad.

    Esta política penitenciaria, de proteger estadísticamente la gestión, ignorando la realidad tiene graves consecuencias, los incidentes son diarios y la gravedad aumenta. Pero la consecuencia más grave, según CCOO, es que se han subvertido los fines de la Instituciones Penitenciarias, cambiando la reinserción por estadísticas a medida para loar la gestión de los responsables penitenciarios actuales.

    Sectores que combaten el modelo penitenciario constitucional lo llaman “política penitenciaria del buenismo”, cuando en la realidad es todo lo contrario, es propaganda a costa de privar del derecho a la reinserción a la inmensa mayoría de la población reclusa, ya que empeorando las condiciones de internamiento al no haber una buena separación interior de la población reclusa es imposible desarrollar el tratamiento penitenciario.