FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 22 junio 2024.

El Área Pública de CCOO exige a Escrivá el cumplimiento de las subidas salariales y los avances en derechos firmados

    De no ser así, la organización sindical contemplará las medidas oportunas en defensa de los derechos de las más de tres millones de personas empleadas públicas.

    16/05/2024.
    El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, posa con su cartera en la escalinata del Consejo de Ministros// Foto Pool Moncloa.

    El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, posa con su cartera en la escalinata del Consejo de Ministros// Foto Pool Moncloa.

    El sindicato traslada en una carta al ministro de Función Pública su malestar por la parálisis prolongada en el desarrollo de diversos apartados del ‘Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI’, tanto los relativos a incrementos salariales previstos para 2024 (desde el 1 de enero incremento del 2%, más el 0'5% adicional una vez que se ha conseguido la cláusula variable ligada al PIB del 2023), como otros de extraordinaria importancia como la reclasificación profesional, la jubilación parcial, permisos y conciliación, jornada de 35 horas, entre otras. CCOO considera agotada la paciencia y exige que el Gobierno cumpla ya los compromisos adquiridos. De no ser así, la organización sindical contemplará las medidas oportunas, en defensa de los derechos de las más de tres millones de personas empleadas públicas.

    En el escrito registrado, el Área Pública de CCOO traslada su malestar por la parálisis prolongada en el desarrollo de diversos apartados del ‘Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI’, tanto los relativos a incrementos salariales previstos para el presente año 2024 (desde el 1 de enero incremento del 2%, más el 0'5% adicional una vez que se ha conseguido la cláusula variable ligada al PIB del 2023), que podrían haber sido incluidos en alguno de los RDL que han sido tramitados en estos meses, tal y como ha pedido CCOO, como otros de extraordinaria importancia como la reclasificación profesional, la jubilación parcial, permisos y conciliación, jornada de 35 horas, el cumplimiento del SMI en todas las administraciones públicas y sector público, la recuperación de la negociación colectiva en asuntos referentes al Servicio Exterior, o la Ley de Función Pública del Estado, en la que se debe contemplar la negociación prioritaria de la carrera profesional, por cuyo carácter horizontal CCOO ha luchado siempre, así como la negociación para acordar las bases de la evaluación del desempeño profesional, entre otras.

    Para este sindicato, el desarrollo del Acuerdo arrastra un retraso injustificado de casi cinco meses en sus previsiones de despliegue completo, siendo inaceptable para CCOO que se incumpla el compromiso expreso adquirido en la reunión mantenida con el ministro y la secretaria de Estado el 19 de febrero de 2024, no sólo para culminar todos los aspectos del mencionado Acuerdo, sino para iniciar las negociaciones de uno nuevo; un texto que profundice en la consecución de avances en derechos para las personas al servicio de las administraciones públicas, introduzca medidas que garanticen la recuperación de empleo público −con una correcta planificación de las necesidades para su traslado a las correspondientes OEP, algo imprescindible si se quiere mantener un adecuado dimensionamiento de las plantillas, evitar nuevos yacimientos de temporalidad y adoptar medidas que garanticen el rejuvenecimiento de las mismas, teniendo en cuenta la cercanía a la jubilación de más de la mitad del personal público en los próximos 5-10 años−, mejore y optimice los servicios públicos, y la estructura y funcionamiento de las administraciones públicas, haciéndolas más eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía.

    CCOO considera agotados ya todos los márgenes de paciencia y toca exigir con la máxima firmeza que el Gobierno cumpla ya los compromisos adquiridos. De no ser así, quedará gravemente dañada la confianza negocial entre las partes, y el propio ámbito del diálogo social en las administraciones públicas, lo que obligaría a la organización sindical a contemplar la puesta en marcha de medidas en defensa de los derechos de las más de tres millones de personas empleadas públicas, para hacer que el Gobierno cumpla los acuerdos que firma.

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