Recuerda que los compromisos firmados acumulan, como mínimo, más de un año de retraso en su ejecución, y que está en riesgo la prestación de servicios públicos como la tramitación de los ERTE, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la investigación biomédica y los servicios médicos de Sanidad Exterior, entre otros.

El pasado 26 de junio se celebró reunión por videoconferencia del Grupo de trabajo del Comité de diálogo Social Europeo de las Administraciones Centrales (SWDC CGA) con participación del SAE-FSC de CCOO.

El sindicato denuncia, entre otros, la demora en la ejecución de las ofertas de empleo público, la dejadez en la negociación del III Plan de Igualdad, el retraso en la puesta en marcha del IV Convenio Único y la falta de desarrollo de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, pendiente desde hace más de diez años.

El sindicato alerta de la pérdida de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos por la falta de actuaciones contra la venta de citas previas, y alerta del grave riesgo social de este modelo de Administración al servicio de quienes pueden pagar. Apunta a la falta de personal público y a la dejadez en la digitalización como elementos de deterioro.

Tanto el Convenio Único del Personal Laboral de la Administración del Estado como algunos de los Acuerdos suscritos hace más de un año con el Gobierno perseguían los objetivos de frenar la destrucción de empleo público y reducir la temporalidad, transcurrido más de un año desde la firma del Convenio Colectivo y la firma de esos Acuerdos el resultado es su incumplimiento y significa que, las mejoras pactadas no se han trasladado al empleo público ni a las condiciones de trabajo del personal.

Tras conocer la valoración y los datos expuestos por CCOO, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública trasladará a las CCAA y a la FEMP la necesidad de cumplir los acuerdos y la urgencia de culminar las ofertas de empleo público ordinarias y los procesos de estabilización y consolidación.

El sindicato exigirá también la negociación urgente de un nuevo acuerdo que garantice el poder adquisitivo y siga mejorando las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, destierre definitivamente la precariedad, incremente las plantillas y elimine las limitaciones generadas por la tasa de reposición.

CCOO siempre hemos defendido la necesidad de avanzar en las mejoras de las condiciones laborales por medio de la negociación colectiva, incuso como ha sucedido en algunas ocasiones en Instituciones Penitenciaras, participando en solitario en las mesas de negociación. Lo hemos hecho sin renunciar a la movilización, como así ha sucedido en todas las movilizaciones en prisiones, o impulsando, organizando y convocando la primera huelga en Instituciones Penitenciarias.

El sindicato apunta a la grave falta de personal y a los medios informáticos obsoletos como principales causantes del deterioro del servicio público, y reclama la contratación de personal interino por acumulación de tareas como alternativa a las privatizaciones de gestión de los ERTE.

CCOO denuncia que el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha dictado unas normas para recuperar la actividad normal de las prisiones previa al inicio de la pandemia, en las cuales se suprimen medidas para la protección frente al COVID-19 de la población reclusa ni para el personal penitenciario.

Miles de personas se han concentrado este fin de semana en las principales ciudades de nuestro país para exigir un pacto social contra los efectos económicos y sociales de la pandemia y acabar con la confrontación política. En la concentración de Madrid, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado que "el propósito de esta movilización es exigir acuerdos de país para lograr la reconstrucción social y para fortalecer nuestros servicios públicos”.

Ha pasado una semana y Función Pública no aclara sus intenciones finales con el Acuerdo que presentó para su firma sobre el encuadramiento en el nuevo sistema de clasificación del personal laboral del Convenio. CCOO considera que es el momento de dar una respuesta contundente y hacer visible el malestar existente con acciones tanto en los centros de trabajo como delante de las sedes de Función Pública o de cada uno de los Ministerios.

En el día de hoy 24 de junio, se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 23/2020, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

El sindicato denuncia la falta de celeridad de los procesos de Oferta de Empleo Público, y recuerda que la Administración General del Estado ha perdido una de cada cinco personas trabajadoras en los últimos diez años. Alerta, además, de la inminente jubilación de otro 20 % del personal en los próximos 5 años.

El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a CCOO y declara la nulidad del apartado 3 del artículo 7 del Real Decreto 103/2019, que permitía prorratear las retribuciones del personal predoctoral en los 4 años de contrato. Esto suponía una reducción del salario en el último año por debajo de lo que establece la Ley de la Ciencia y Tecnología.

El sindicato denuncia la pérdida de más de un 20 % de la plantilla en los últimos diez años, que contrasta con el incremento de prestaciones sociales que se gestionan en el organismo, como el Ingreso Mínimo Vital.

Adjuntamos la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública publicada ayer, 17 de junio, con el rechazo de CCOO, así como NOTA INFORMATIVA que explica la realidad de la modalidad de trabajo no presencial.

CCOO somos la única organización sindical que es clara en su postura: No firmamos el inaceptable Acuerdo de encuadramiento porque ni se encuadra al 100% de los efectivos ni se van a actualizar nóminas y pagar atrasos.

El sindicato recuerda que no ha firmado la resolución, ya que supone perpetuar el teletrabajo sin regulación y con pérdidas salariales, y no garantiza la seguridad en los centros de trabajo ni la negociación colectiva.