Representantes sindicales de diferentes sectores de la FSC-CCOO, la eurodiputada Paloma López del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y miembros de la Comisión Europea pusimos en común nuestras reflexiones sobre los servicios públicos, la digitalización de los servicios y transporte el pasado 29 de noviembre de 2016 en Bruselas.

Esta sociedad va hacia un nuevo modelo productivo y de relaciones sociales debido a la incorporación de las nuevas tecnologías que comportan unos riesgos. Desde CCOO defendemos una mayor conectividad digital pero al mismo tiempo, denunciamos la precarización y externalización de los servicios públicos escudándose en la agenda digital. CCOO luchará por una transición justa de la Administración Publica hacia la era digital.

Las jornadas contaron con diversas intervenciones, se dividió en tres temas a debatir.

Digitalización de los servicios a la ciudadanía

En primer lugar, Juan Arregui de la Comisión Europea defendió que las administraciones deberán de ser más participativas, con datos públicos accesibles y que los ciudadanos utilicen debidamente las tramitaciones digitales. Definió el Mercado Único Digital de principio a fin, sin fronteras y que sirva para mejorar la interacción de los ciudadanos. Las prioridades políticas de los Estados deben de ser: digitalizar, simplificar, conectar y mejorar las relaciones entre Administración y ciudadanos y resaltó acciones concretas para implementar en la UE.

Christine Jakob del EPSU (European Public Service Union) habló del impacto de la digitalización en los servicios públicos y el trabajo duro que hay que hacer desde el sindicalismo europeo por los efectos que esto produce como la perdida de salario: trabajo en la red, plataformas on-line, etc. estas modalidades contribuyen al trabajo autónomo, sin nexos con otros trabajadores y cabe preguntarse ¿cómo se organiza esta gente?, están sin protección social y con mucha movilidad a zonas productivas. Este trabajo reemplaza al trabajo tradicional, lo precariza y la agenda digital refuerza estas tendencias. Estas nuevas formas de trabajo no pueden desarrollarse en ausencia de negociación colectiva.

Según EPSU, en cuanto a los puntos que deben funcionar en esta etapa están en preservar lo público, la protección de los trabajadores y datos privados. La digitalización no debe suponer recortes en el gasto público, se debe recortar la brecha digital, asegurar la conectividad y desarrollar software abierto. También apuntó que hoy en día, se da la paradoja que los jóvenes no conocen los servicios que la Administración ofrece, simplemente no les interesa.

Juana Olmeda de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, señaló en la siguiente intervención que la digitalización abre un nuevo marco, la cuarta revolución industrial, ante esto se pueden perder entre un 40-50% del empleo con tareas administrativas, trabajo que podrían ser desarrollado por maquinas. En España se está produciendo un cambio en el modelo productivo y es necesario el reciclaje, el cambio de modelo trae ventajas pero también conlleva inconvenientes como es la erosión del trabajo y de los puestos de trabajo (externalizaciones) con el subdividendo de una falta de formación del personal. Juana aboga por revertir las reformas laborales y señala al teletrabajo como una nueva forma de empleo peligrosa. La acción sindical a través de la negociación es necesario activarla. La FSC defiende el empleo digno y el acceso de los ciudadanos a los beneficios de la era digital.

Miguel Jurado, de la FSC CCOO apostó por la digitalización de los servicios públicos, regulados y que fijen unos criterios en las condiciones laborales de los trabajadores, empleos en condiciones y en seguridad tanto público como privado. Criticó el fraude que se da en la economía colaborativa en el sentido que muchos trabajadores, en este modelo, no son ni autónomos ni asalariados.

Jurado defendió que la gestión de los servicios públicos se deben dar desde lo público y mencionó a una empresa, propietaria de unos grandes almacenes como ejemplo, que hace el trabajo de informática en la Administración, esto debe de ser revertido.

Desde la Administración del Estado, Pilar Seoane Vázquez, además de compartir opinión con la compañera de ESUP en relación a su relato sobre los peligros de la pérdida de empleo e incremento de privatización de servicios y agradecer la continuas referencia a la situación de las mujeres en estas cuestiones, centro su intervención en poner de manifiesto los problemas ya existentes para la ciudadanía tanto en relación a las posibilidades de acceso a las redes, profundamente ligadas a la capacidad económica, como respecto a la imposición de la utilización de procesos digitales que va creando nuevas brechas entre las personas usuarias. Manifestó además la preocupación existente por la pérdida de calidad y categoría de empleo que podría darse a medida que se perfeccionan sistemas y programas de reconocimiento automático de derechos y otros procedimientos, que permite a la patronal de la administración utilizar cada vez más personal de categorías inferiores y menos personal técnico. Abogó por la igualdad en el acceso a los medios para toda la ciudadanía, tanto en ciudades como en el rural y en condiciones de gratuidad además de defender que la mejor atención a la ciudadanía en muchas ocasiones es a través contacto presencial con el personal de la administración.

En relación al futuro de las las redes se lamento por la posición puramente economicista de la Comisión Europea, más centrada en conseguir una inversión rentable que en dar servicio a la ciudadanía y mejorar su calidad de vida.

Dividendo Digital

Philippe Lefebvre de la Comisión Europea, DG Connect 5G, arrancó con que sin infraestructuras digitales no hay mercado único digital, hizo un balance de las propuestas legislativas para este mandato como el plan 5G, la WIFI for Europe y el reto que supone la agenda digital de beneficio para muchos sectores, entre ellos, el de la salud. La Comisión para el periodo 2020-25 espera conseguir fibra óptica plena en todos los puntos neurálgicos de la UE y el despliegue conjunto del 5G.

Pamela Morriniere de la Internacional Federation of Journalist pidió unas condiciones justas para los periodistas y tener derechos de propiedad sobre las obras que publican.

Miguel Jurado de la FSC CCOO agradeció al grupo Izquierda Unida Europea (GUE/NGL) la invitación por la participación en las jornadas, y señaló, en otro orden de cosas, que el recorte en la TV en abierto pone en peligro la TV pública, la televisión como servicio público y los servicios de información.

Paloma López Bermejo, eurodiputada de Izquierda Unida-Izquierda Plural alertó sobre los peligros que puede entrañar para el empleo y el modelo productivo europeo el proyecto de Agenda Digital que está desarrollando la Unión Europea. Una Agenda Digital que por ahora está eminentemente orientada a potenciar la economía de mercado y reforzar la posición de las grandes empresas y que debería, en su opinión, contar con una fuerte presencia y control de las administraciones públicas para evitar la destrucción de puestos de trabajo, una mayor precarización de los trabajadores o, incluso, graves daños a nuestro modelo cultural. La Agenda digital, continuó Paloma, va a cambiar la estructura productiva y nos enfrenta a retos sobre los que habrá que intervenir marcando objetivos estables a largo plazo, planificando y dando forma a esta transformación.

Digitalización del transporte y la logística

Intervino Costis Yeraris, del Secretariado Comité Transporte, Parlamento Europeo y Fátima Aguado de la FSC-CCOO.

Fátima Aguado llamó la atención sobre la precariedad laboral que existe en el sector del transporte y resaltó la necesidad de obligar a la Comisión Europea a adoptar medidas que aseguren la "competencia justa y un trato igualitario entre los trabajadores", el objetivo es acabar con las prácticas de negocio “inaceptables” que, en muchos sectores están provocando prácticas de dumping social, que se produce cuando determinadas empresas abusan de las oportunidades de la libre circulación dentro del mercado único y aprovechándose de algunos vacíos legales obtienen ventajas competitivas ofreciendo servicios más baratos a costa de derechos de los trabajadores y de las empresas que actúan de buena fe. Así, puede ponerse como ejemplo de una empresa española que crea una empresa ficticia en Bulgaria (empresas buzón) y contrata a trabajadores búlgaros con salarios de miseria que desempeñan su trabajo en España.

En el debate también se introdujo el tema de la movilidad urbana sostenible, lo que es el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en el entorno de la ciudad.

Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de transporte. Los problemas de movilidad que actualmente presentan la mayoría de nuestras ciudades son la consecuencia de la gran cantidad de espacio urbano que requiere el transporte. Con el aumento de las distancias entre actividades se requiere cada vez de más desplazamientos motorizados que reclaman, a su vez, más espacio público. Todas las políticas urbanas y de transporte han estado orientadas a favorecer y fomentar el uso del transporte motorizado privado. Así, es necesaria la mejora de la red de transporte público, la promoción de la bicicleta y de los itinerarios a pie, planes de movilidad en las empresas y administración, reducción de coches que supondría una mejora automática de la calidad del aire y la necesidad de leyes para los planes de estrategia urbanística. Se diagnosticaron necesidades como itinerarios seguros para bicicletas, aparcamientos en lugares de destino, reforzar la intermodalidad, etc. con todo esto, lo que se espera a medio plazo, son apuestas por crear corriente de opinión favorable a los medios de transporte más sostenibles y mejorar tanto la calidad del aire como la seguridad de los ciudadanos.