FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 21 diciembre 2024.

Poca implicación, pocos esfuerzos y escasos compromisos

Grupo Técnico de Igualdad en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

    06/06/2017.
    Temas
    Grupo de Técnico de Igualdad

    Grupo de Técnico de Igualdad

     

    El pasado 1 de junio tuvo lugar una reunión del Grupo Técnico de Igualdad en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

    El seguimiento del II Plan de Igualdad del 2016 constituyó uno de los ejes centrales de esta reunión. Recordamos que son 3 los objetivos fundamentales de este Plan: La reducción de las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la carrera profesional; el apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad; y la atención a aquellas situaciones que requieran especial protección, como a las víctimas de violencia de género o a la prevención de las situaciones de acoso.

    El informe que la Administración presenta lleva a CCOO a concluir que son aún muchas las deficiencias sobre las que hay que incidir, muchos los aspectos sobre los que hay que profundizar para el logro de esos objetivos, destacando fundamentalmente la necesidad de planificar actuaciones, prioritarias y urgentes, en clave de prevención de situaciones de acoso.

    CCOO insta a la Administración a que desarrolle un protocolo de acoso sexual y por razón de género. La Administración, sin embargo, se excusa en que Función Pública debe aprobar antes un Real Decreto, y que no ve urgencia en su desarrollo porque hasta la fecha “no se han producido casos de acoso sexual, de acoso por razón de género, ni de violencia de género en el Ministerio ni en sus organismos”. Añade además que el acoso sexual es un delito tipificado en el código penal, por lo que debe dirimirse en vía judicial. No obstante, la Administración no debe olvidar tampoco que, si bien puede ser un delito tipificado, no lo es menos que la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres establece que “las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo”. Y todas las leyes están para cumplirlas. Grave, preocupante también la inexistencia de planificación de medidas de actuación para estos casos. La Administración resuelve esta última coyuntura afirmando que “si surgen situaciones de acoso, seguro que se sabrá actuar”. Con aseveraciones de este nivel no se puede más que echarse a temblar ante la vulnerabilidad y el abandono en el que quedan las empleadas públicas víctimas de estas situaciones.

    Pero el acoso sexual y el consiguiente desamparo de las afectadas no es algo a lo que la Administración permanezca indemne, como quiere hacernos creer con su discurso de “no tenemos casos, aquí esto no pasa”. Esas situaciones y ese desamparo existen en el ámbito del Ministerio. Prueba de ello son las DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL realizadas por varias trabajadoras de la Delegación Provincial del INE en Murcia.

    Recordemos que la Ley de Igualdad arriba citada define el acoso sexual como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Asombrosamente, la Secretaría General (SG) de ese organismo, a través de comunicación escrita a RRHH del Ministerio, no reconoce la existencia de ningún caso de esa índole, a pesar de la existencia de documentación que acredita lo que han denunciado esas trabajadoras, esto es, que, efectivamente, al menos se ha producido una situación de tal calibre en la precitada Delegación. CCOO informa en este Grupo Técnico de la existencia de una resolución disciplinaria con falta muy grave por acoso sexual en la citada Delegación, y de la que el Grupo Técnico no tiene constancia alguna por parte de la SG del INE, que ni ha informado ni ha comunicado nada al respecto (quizá en la absurda idea de que si no nombra la palabra “acoso” es como si no existiera).

    CCOO exige conocer qué medidas han tomado los gestores del INE ante este hecho y qué medidas van a implementar para evitar y erradicar estos inadmisables e intolerables comportamientos en el futuro. También exige conocer qué actuaciones piensa adoptar para minimizar los riesgos sobre la salud que este tipo de comportamientos provocan en las personas afectadas. Requiere que la Secretaría General del INE se posicione oficialmente a este respecto, que dé la cara, aunque su actitud de ocultación y de negación es ya por sí sola una declaración de intenciones.

    Ante las informaciones aportadas por CCOO, que contradicen lo sostenido por la Administración en materia de acoso sexual y su protocolo, acaban indicando que requerirán explicaciones a la SG-INE sobre este asunto. Aceptan, además, la posibilidad de estudiar las propuestas de protocolo por acoso sexual y por razón de género que lleve CCOO a este Grupo Técnico.

    Pero el seguimiento del Plan de Igualdad nos indica también otras deficiencias que obstaculizan notoriamente el cumplimiento de sus objetivos. La integración de la igualdad de oportunidades en la cultura de una organización depende en gran medida de la formación, de la información y de la sensibilización que promueva entre sus trabajadores. CCOO señala las significativas carencias detectadas en este eje. Es inaceptable la formación en igualdad que se promueve desde la mayoría de organismos. Formación escasa, cuando no inexistente, y de cuestionable calidad, evidencian la falta de compromiso y de voluntad para promover la igualdad de oportunidades por parte de la Administración. Como ejemplo de ello señalamos los dos cursos que el INE ofrece en esta materia, con contenidos obsoletos, basados en el I Plan de Igualdad cuando el II Plande Igualdad lleva en vigor desde el 2015. El colmo del absurdo. CCOO requiere la actualización urgente de esos cursos para adaptarlos convenientemente a todos los cambios legislativos, de planes y acuerdos que se han ido aprobando. Una renovación que, por cierto, no sólo debe afectar a los contenidos sino también a la plataforma desde la que se imparte. La representante del INE en la reunión reconoce la deficitaria calidad de esos cursos e informa que se tiene previsto actualizarlos próximamente. Por otra parte, organismos como el CIEMAT justifican la ausencia de formación en esa materia a la falta de presupuesto (excusa que normalmente esconde una falta absoluta de interés). El IGME, a su vez , ha delegado en el INAP cualquier acción en esta materia.

    Por lo tanto, y en términos generales, insignificantes o débiles aportaciones de los organismos, poca implicación, pocos esfuerzos y escasos compromisos. La ausencia de los representantes de varios OPI´s a esta reunión (sólo asisten del IGME y del INIA), así como los de Industria y sus organismos viene a corrobarlo. Del INE no acude nadie de la Secretaría General.

    La desigualdad o discriminación por razón de género suponen una realidad que compromete seriamente la salud y la calidad de vida de las mujeres. La igualdad legal no implica necesariamente una igualdad real. Es una prioridad la necesidad de trabajar hacia la consecución de una igualdad real en el desarrollo profesional y personal, una igualdad en las oportunidades y en la calidad de vida de todas las personas.

      •