Igualdad en la Administración del Estado: la oportunidad perdida

    Podría pensarse que la Administración General del Estado -nexo entre el Gobierno y la ciudadanía, Administración Pública a través de la cual se desarrollan de manera directa las políticas del poder ejecutivo- es instrumento para convertir palabras en hechos, también, en materia de igualdad. De ahí que la falta de coherencia entre los discursos a este respecto y la verdadera intención de transformar la sociedad sea tan dolorosa cuando nos asomamos a la realidad de este ámbito.

    02/03/2020. José Manuel Vera Carranco, secretario general del sector de la Administración del Estado de FSC-CCOO

    Un ejemplo llamativo —son muchos y protagonizados por gobiernos de diferente signo— lo encontramos en la indiferencia ante acuerdos firmados con los sindicatos y que quedan indefinidamente pendientes de incorporación al cuerpo legislativo: el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, publicado como Resolución en 2011, aún no es de aplicación por no estar elevado a Real Decreto.

    Algo similar sucedió con la ampliación del permiso de paternidad: retraso injustificado en su aplicación tras el acuerdo y, finalmente, publicado sin ajustarse a su contenido.

    El mismo desinterés vemos en el impulso a otras medidas comprometidas. Por ejemplo, el desarrollo de la bolsa de horas del 5 % -recogida en el II Acuerdo para la mejora del empleo público, de 9 de marzo de 2018- se ha limitado por parte del Gobierno para su personal a la reiteración del contenido de dicho acuerdo sin determinar (acordar) criterios que garanticen su disfrute en condiciones de igualdad.

    Desde 2007, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a la Administración General del Estado a elaborar un Plan de Igualdad en cada legislatura, Han sido siete y, aún descontando las legislaturas “fallidas”, los dos únicos Planes de Igualdad existentes ponen de manifiesto el incumplimiento de sus obligaciones de diferentes ejecutivos.

    Sin duda el Gobierno debe plantearse, respecto a la Administración del Estado, cambios radicales en relación a la igualdad. La eliminación de la brecha salarial -reconocida por responsables de la Administración- y el estudio de género en cuanto al acceso, promoción y envejecimiento del personal público, son algunos de estos aspectos que deben tratarse de manera inmediata, para trasladar las conclusiones al esperado III Plan de Igualdad.

    El Gobierno tiene, con sus trabajadoras y trabajadores, una oportunidad para aplicar los principios de igualdad que abandera: sería imperdonable dejar pasar esta coyuntura.

    Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.