CCOO denuncia las privatizaciones de servicios públicos y reclama más empleo público


    El sindicato defiende la ejecución de las Ofertas de Empleo Público y la contratación de personal interino como medida prioritaria para la resolución de las cargas de trabajo adicionales generadas por las nuevas ayudas sociales aprobadas por el Gobierno, y recuerda que el ejercicio de prestaciones públicas es intransferible para la Administración.

    08/06/2020.
    Oficina del SEPE

    Oficina del SEPE

    CCOO ha denunciado este lunes el incremento exponencial de privatizaciones en la prestación de servicios públicos que se viene produciendo durante las últimas semanas. Esta situación es especialmente preocupante en los ámbitos prestacionales, donde la demanda generada por las ayudas sociales puestas en marcha por el Gobierno supone un notable aumento de la carga de trabajo.

    “En organismos como el SEPE se ha registrado un volumen de solicitudes que multiplica por diez el habitual”, confirma José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración General del Estado. “Siendo ya un ámbito con grave déficit de plantilla y de recursos informáticos, el escenario desborda cualquier previsión. El sistema se mantiene por la implicación de las empleadas y los empleados públicos, que han comprendido el papel esencial de este servicio público para las ciudadanas y los ciudadanos, pero resulta imprescindible dotar a la Administración del Estado de personal público con carácter estructural”.

    El propio SEPE ha privatizado dos servicios durante el mes de mayo. Por un lado, la gestión del subsidio extraordinario por falta de actividad de las personas integradas en el sistema especial de empleo del hogar, y, por otro, la asistencia técnica al personal en el Centro de Atención al Usuario. En ambos casos, se trata de privatizaciones temporales por un periodo inicial de seis meses. “A pesar de que se indica que se realizará la recogida y registro de solicitudes, nos preocupa que los perfiles solicitados sean de titulación media y superior”, comenta Vera, quien recuerda que “el ejercicio de potestades públicas únicamente puede corresponder al personal funcionario, porque es quien garantiza que los derechos de la ciudadanía con objetividad, imparcialidad, transparencia y sin sujeción a criterios empresariales”.

    Esta situación se repite en la Seguridad Social, donde la gestión del Ingreso Mínimo Vital se realizará de forma privatizada. El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciaba este martes que se procedería a la contratación de 500 personas a través de TRAGSA. La empresa ha publicado ofertas para personal administrativo y técnico de coordinación para la captura y tramitación de datos de solicitudes de prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. “Entendemos que la misma justificación para la urgencia de estas contrataciones se podría aplicar para argumentar la necesidad de negociar una Oferta de Empleo Público extraordinaria que permita dotar al organismo de recursos humanos para gestionar este nuevo derecho, y contratación a corto plazo de personal interino por acumulación de tareas”, propone Vera.

    CCOO va más allá en casos como la sustitución de personal público por empresas de catering en los Centros de Atención a Refugiados, “una decisión que no se puede comprender, cuando ya hay una Oferta de Empleo Público reconocida que se podría haber ejecutado y que, además, permite la cobertura con personal interino sobre esas vacantes”. El sindicato recuerda que, por otro lado, el Tribunal de Cuentas se ha expresado en varias ocasiones contra el incremento de precio que supone la gestión privatizada de servicios públicos, hasta un 80 % superior, instando a la Administración a “paliar la insuficiencia de sus recursos humanos”.

    El sindicato recuerda que en los diferentes ámbitos ministeriales se están planteando posibles medidas para dar respuesta a la demanda de servicios públicos, cuya prestación, según recuerda CCOO, no se ha visto interrumpida durante la vigencia del estado de alarma. “Un ejemplo son las oficinas de expedición de DNI y pasaportes, donde se están planteando planes de choque en lugar de fomentar el empleo público con la contratación de personal interino por acumulación de tareas”, insiste Vera. “Esto no solo vendría a garantizar la prestación del servicio público, además impulsaría la creación de empleo, tan necesaria en la actual coyuntura económica”.

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