FSC-CCOO Sector Administración General del Estado | 21 noviembre 2024.

La brecha salarial no se combate en la Administración del Estado

    20/04/2021.
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    Grupo de mujeres estrenando el Derecho al voto en 1933

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    Hace pocos días, justo el día que se conmemoraba el 90 aniversario de una República que por primera vez dotó de derechos a las mujeres españolas, prensa, partidos políticos y sindicatos se hacía eco de la entrada en vigor del RD 902/2020, con titulares como Un paso más cerca de acabar con la brecha salarial o La paridad salarial en las empresas vive desde hoy una nueva etapa, pero curiosamente ninguno de esos titulares hacía alusión a que esa norma deja fuera de su ámbito de aplicación a más de dos millones y medio de personas trabajadoras asalariadas de las Administraciones Públicas, casi un 13% de la población ocupada española.

    El olvido no es banal porque esa medida persigue atajar la brecha salarial a través de la transparencia de las retribuciones, incluida la desagregación de la misma por tipos (salario base, complementos, incluidos los de productividad, percepciones extrasalariales, etc). Y es precisamente para los salarios que se abonan con dinero público, con el dinero de todos y todas para los que se permite mantener unos niveles de opacidad que se consideran inadmisibles para las empresas.

    Los escasos análisis que hemos realizado en la AGE, con información circunscrita a los pocos puestos a los que se obliga por transparencia e incompleta, ya que esta transparencia no obliga a facilitar la totalidad de los ingresos obtenidos, ponen de manifiesto la existencia de una brecha significativa. Lo venimos denunciando desde hace años y hemos reivindicado la inclusión del análisis de brecha salarial en los tres últimos planes de igualdad sin resultado dado que es un tema que, al menos en la AGE solo preocupa a CCOO.

    Seguiremos insistiendo en la denuncia, incluso por la vía judicial y mantendremos nuestra actividad de forma sostenida, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, en la búsqueda de los cauces necesarios para acceder a una información más amplia y fidedigna. Y, sobre todo seguiremos preguntando al Gobierno porque es incapaz de aplicar en casa lo que exige fuera.

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